El pueblo peruano frente al imperialismo

El golpe de Estado Congresal en el Perú se consolidó el pasado 7 de diciembre. Han pasado dos meses y el pueblo peruano continúa protestando en las calles. Aquel día, el presidente Castillo hizo lectura de unas medidas entre las que se encontraban el cierre del Congreso y la reorganización de la fiscalía, así como de otras instancias del poder judicial y de la Policía Nacional. Castillo salió del Palacio de Gobierno en su transporte oficial y fue detenido por la Policía Nacional peruana (PNP) sin una orden judicial. Se lo trasladó a la prefectura de Lima, en donde permaneció recluido tras haber sido procesado de manera exprés con los siguientes —presuntos— cargos: rebeldía («alzamiento en armas»), conspiración («colusión de dos o más personas para delinquir») y flagrancia (por ser detenido en su automóvil). El Congreso, que debía citarlo para una nueva sesión de vacancia aquel mismo día, sometió a votación —casi de inmediato— la decisión en ausencia del vacado, en la que 101 votos (sumando congresistas de derecha e izquierda) sostuvieron una resolución sin previo debate, ni citación del acusado, ni derecho a defensa, ni mucho menos moción de vacancia. La hasta entonces vicepresidenta Dina Boluarte fue citada ante el Parlamento y juramentada como nueva presidenta del Perú. El poder legislativo, oportunamente, había archivado unos días antes la investigación constitucional abierta contra ella más de un año atrás. Muy preparada para ello y sin asomo de duda, Boluarte juramentó el cargo, pese a haber declarado recientemente que renunciaría si Castillo era vacado.

La guerra jurídica en Perú no solo consiste en la judicialización de la política; se sirve también de la activa cooperación de la prensa basura (bajo el control de un monopolio dueño del 80% de la prensa escrita y televisiva peruana) que dió cabida a un implacable ataque racista contra Castillo, perpetrado incluso desde antes de que asumiera el cargo. Los bulos y las mentiras, la persecución contra su entorno cercano, contra ministros y familiares —ya fuera con denuncias desde la fiscalía o con la destrucción de su imagen pública—, eran el pan de cada día.

El otro factor a tener en cuenta son las fuerzas armadas y policiales fujimoristas, encabezadas por el actual presidente del Congreso, José Williams, llamado «el carnicero de los Andes» a raíz de su actuación como jefe de un grupo de élite que ejecutó a multitud de campesinos durante el conflicto armado en Perú (1980-2000). Por último, no podemos dejar de mencionar al narcotráfico, ya que la mayoría de congresistas peruanos tiene causas procesales ligadas a este flagelo.

El pueblo peruano es consciente de este ataque a su soberanía. Organizaciones campesinas, nativas, mineras, ronderiles, comités de autodefensa y cientos de organismos rurales se declararon en insurgencia hace dos meses, amparados en el artículo 46 de la espuria Constitución del 93. El nuevo gobierno impuso violentamente el Estado de Emergencia ante la airada y justa protesta del norte, centro y sur del Perú. La Policía Nacional y los militares fueron desplegados en las zonas en las que la protesta era incontenible. El resultado de tal militarización del país ha sido, como es bien sabido, un baño de sangre. El Perú sufre este asedio decretado por lo que el pueblo reconoce como una usurpadora. Mientras la lucha en las calles no cesa, esta pseudo presidenta, más que conciliadora con la derecha (referida como DBA en Perú, siglas para “derecha bruta y achorada”) se pasea por los canales de televisión para regodearse ante la sangre derramada, culpando al machismo imperante, obviando interesadamente que ha traicionado y reprimido a quienes votaron por Castillo. Dice, sin el menor pudor, no comprender de dónde viene tanto odio; permanece indolente ante miles de heridos y decenas de muertos, que ya ascendían a 69 en los últimos informes.

A nivel internacional no podemos ignorar cómo la embajadora de EEUU reconoció rápida y públicamente a la nueva “presidenta”, y tras estrecharle la mano para la foto, quedaba asegurado el obligado respaldo imperialista para legitimar a una nueva marioneta en Sudamérica. Por otro lado, el resto de las “democracias” occidentales ni han pestañeado ante el ataque constante y la represión que están sufriendo los protestantes, a pesar de que el número de heridos y asesinados no cesa de aumentar. La libertad sólo es tal para las empresas dispuestas a expoliar las riquezas de todos los pueblos del mundo, y el gobierno más legítimo es aquel que les dé vía libre para hacerlo. Esta situación no es de extrañar: Perú es un país rico en recursos naturales. Es el primer productor minero de Latinoamérica (oro, cobre y litio, entre otros) y cuenta con 18 cuencas de petróleo con potencial para ser explotadas. Actualmente casi el 60% del territorio está ligado a contratos de concesión de explotación, y, de estos, el 20% son concesiones mineras. Originalmente, el gobierno de Fujimori fue el que implantó una serie de reformas económicas promovidas por el Consenso de Washington, y a partir de 1994 se empezaron a otorgar las concesiones. Parece ser que una gran cantidad de estos contratos caducan entre este año y el que viene, y su renovación podría depender de un gobierno dispuesto a mantener estas relaciones con empresas peruanas e internacionales, entre las que se destacan algunas empresas españolas como Repsol, que a cambio recaudan enormes beneficios cada año.

Frente a este gobierno títere, el pueblo exaltado exige el inmediato cierre del Congreso y la instalación de un gobierno transitorio, así como la libertad de Castillo y el respeto a sus derechos y al debido proceso. El objetivo último es la instalación de una Asamblea Constituyente de la que emane una Nueva Constitución. A cambio de estas exigencias el pueblo está recibiendo balas. Perú llora a sus muertos, y sigue en pie de lucha. También desde el Estado español diversos colectivos de origen peruano se están organizando en apoyo a los suyos, y cada semana se concentran en el centro de Madrid junto a la Plataforma Contra los Crímenes del Franquismo. Es nuestra tarea como comunistas mostrar apoyo a aquellos pueblos que luchan por su soberanía frente a las injerencias del imperialismo encabezado por Estados Unidos.