La Unione Inquilini y la lucha por la vivienda en Italia

Una de las características más definitorias de la Autonomia Operaia^​1​​ a nivel teórico y práctico fue probablemente la de extender, que no desplazar, el conflicto de clases de un modo muy particular y diverso más allá de los muros de la fábrica. De hecho puede que esta afirmación no sea del todo precisa: puede que no se tratase realmente de sacar el conflicto fuera de la fábrica; puede que el intento consistiese especialmente en extender el análisis de los procesos de explotación y alienación y de las relaciones sociales de la fábrica a las relaciones igualmente alienantes que ya se estaban dando más allá de la fábrica. Esto viene a significar, por decirlo de un modo llamativo, que la fábrica no se acababa (ni se acaba) en la fábrica. El concepto de fábrica social viene a dar forma a este punto de vista.^​2​

Pues bien, si la Autonomia Operaia desarrolló teórica y prácticamente este concepto y las múltiples manifestaciones que de él se derivaron en los años sesenta y setenta, no sería extraño pensar que se debiese al menos en parte a la incapacidad para asumir este salto que en años anteriores habían demostrado organizaciones más poderosas; evidentemente hablamos del PCI. Este es un salto que, efectivamente, el PCI estaba en disposición de efectuar en materia de vivienda (y en este ámbito centraremos el texto) desde que en los años cincuenta en su seno se diese un análisis de este problema en Italia, y no solo en relación a la evolución capitalista del país (esto es, no solo atendiendo al sector inmobiliario y a sus implicaciones como sector productivo), sino atendiendo a la lucha por la vivienda como un espacio de lucha de clases. En los informes correspondientes se ponían de manifiesto las estrechas relaciones de «propiedad y producción, de renta urbana y plusvalía capitalista», una línea que, «oportunamente desarrollada, habría permitido […] vincular la lucha en la fábrica y la lucha en el territorio como aspectos íntimamente conectados» y cuyos problemas y soluciones serían simplemente los mismos: «explotación-expropiación».​^{​3​ ​*​} Por supuesto, el PCI, partícipe desde la posguerra de lo que podría llamarse un «compromiso constitucional» antes de su posterior formalización, décadas después, en el conocido compromiso histórico, no extrajo de estos progresos más que elementos discursivos que no se concretaron en propuestas o prácticas relevantes, sino más bien reformistas, como la del equo canone de 1971, que repercutía al Estado la diferencia entre un precio fijado institucionalmente y el precio de mercado, pero sin llevar aparejada al menos una reforma tributaria más redistributiva. Este reformismo urbano se caracterizaba entonces y se sigue caracterizando ahora por una crítica en cierto sentido moralista del capitalismo en la ciudad: crítica a la especulación como forma incapaz de gestión del capitalismo (y no al propio desarrollo capitalista), crítica a la aglomeración urbana, a la escasa participación democrática, a la ausencia de zonas verdes… Una política interclasista de la que la clase trabajadora se podría beneficiar únicamente de forma marginal si no se llegan a poner de relieve sus reivindicaciones particulares.

¿Qué habría supuesto llevar a cabo una política de clase en el ámbito de la vivienda, atacar en serio a lo que la izquierda italiana llamaba el «bloque social inmobiliario», resultado de la colusión de promotoras, banca y órganos estatales (concepto que, por otro lado, podríamos trasladar al contexto actual sin mayores complicaciones)? Para un país y un Estado lanzados por la vía del desarrollismo y con un sector inmobiliario desbocado, sostén en buena medida del statu quo, habría resultado inasumible. El Estado era entonces capaz de resolver únicamente contradicciones parciales, pero con medidas que a medio plazo acababan beneficiando al «bloque social inmobiliario» y que en realidad acentuaban otras contradicciones mucho más graves. Este era el resultado de un conflicto entre una condición urbana impuesta por el «bloque inmobiliario» insoportable para las clases proletarias y unas necesidades de las clases proletarias insoportables para el «bloque inmobiliario».

Desde el momento en que se hace patente la imposibilidad de desarrollar este conflicto por la senda institucional, la cual circulaba siempre por los terrenos del capital y nunca por los del trabajo, las vías extrainstitucionales no solo se revelan posibles sino necesarias.

Estas son las condiciones en las que en 1968 un grupo de militantes de orientación maoísta hacía poco salidos del PSIUP (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria) conforma la Unione Inquilini (Sindicato de Inquilinos) de Quarto Oggiaro, en Milán. Quarto Oggiaro es un barrio periférico del norte Milán aún hoy considerado marginal, por aquel entonces netamente obrero (se estima que el 70% de los habitantes del barrio pertenecían a la clase trabajadora, en buena medida inmigrante), a todas luces infradotado (por ejemplo, disponía de un ambulatorio y una oficina de correos para más de 150.000 habitantes; eso sí, disponía de cuatro parroquias) y políticamente situado a la izquierda, al menos en lo electoral (el PCI era en estos años el partido más votado con bastante diferencia sobre la Democracia Cristiana).^​3​

La UI, organizada de un modo centralizado, asambleario y nacida para «la unificación de todo lo unificable» y para «asegurar el derecho proletario a la casa»,^​4​ busca en Quarto Oggiaro convertirse en un organismo de masas mediante el desarrollo de los problemas concretos de las masas, primando de hecho su desarrollo autónomo como organización por encima de los vínculos con cualquier partido ―vínculos que en todo caso sí existieron con lo que más tarde sería el Partito Comunista d’Italia (m-l)―. De los miembros de la UI se decía:

«Viven como otros proletarios […]. [Ejercen su] praxis política no como acción sobre las masas en lugar de las masas descendiendo de una posición analítica y de principio, sino como acción con las masas para las masas, por tanto en una posición operativa interna. […] Hacen trabajo político hablando con la gente en la tasca, no trabando un diálogo con sacerdotes y revisionistas, y buscan la máxima unidad entre el pueblo en defensa de intereses concretos.» ^​3​

Los círculos marxistas-leninistas eran, como se ve, propios de estos distritos periféricos de la ciudad, participaban completamente de la vida del inquilinato. La prueba es que el Comité de Agitación del que nacerá pocos meses después la UI no brota de modo autónomo, sino de una asamblea del barrio reunida para afrontar los problemas del alquiler que en él se daban y del enfrentamiento con la línea que proponía la lucha contra el aumento de los alquileres propuesto por el Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), organismo encargado de la vivienda. El Comité de Agitación, que recogía y calibraba lo decidido en la asamblea del barrio, rechazaba sencillamente el pago del alquiler en su totalidad (esto es, fue a la huelga de alquileres) como forma de atacar verdaderamente el mecanismo de extracción de rentas a través de la vivienda y de atacar también la ideología burguesa que lo acompaña. A fin de cuentas lo que se estaba haciendo aquí era poner en tela de juicio la existencia de un «precio justo» para lo que se consideraba, como veíamos, un «derecho proletario». Al hablar de vivienda, los conceptos de precio y justicia solo podrían dar lugar a una antinomia. Por ello, se veía como insuficiente lo que posteriormente se convertiría en la célebre estrategia de la autorreducción, aplicada por el movimiento autónomo italiano tanto a bienes de lujo como a bienes de primera necesidad, incluida la vivienda: en Turín se llevó a cabo una campaña de autorreducciones generales en 1974 que en el ámbito de la vivienda buscaba que se redujeran los precios al 10% de los ingresos del hogar^​5​; en el enorme barrio obrero de Magliana, en Roma, se sostuvo durante dos años una autorreducción del 50% de los precios de alquiler.^{​6​​†​}

La UI, ya constituida como tal, pretendía acometer su lucha levantando su formación sobre tres ejes: organización del inquilinato, rechazo a la asistencia aislada de casos de afectadas y afectados y rechazo a la delegación o liberación de miembros del sindicato. La lucha, como siempre, no deberá llevarla a cabo solamente contra el enemigo, en este caso representado por el IACP y sus constantes fórmulas de intimidación individual, sino con la línea reformista, cuya lucha se reducía a manifestaciones y a huelgas parciales de duración acordada con el propio IACP y que presentó como gran victoria que los aumentos propuestos no fueran finalmente tan pronunciados.

En todo caso, la lucha de la UI fue durante sus dos primeros años una lucha estrictamente legal, más allá de la huelga de alquileres con la que nació; el otoño caliente de 1969, que desató toda una serie de acciones represivas por parte del Estado y el contrataque de la patronal en forma de aumento de la extracción a través del precio, puso en evidencia la necesidad de un salto cuantitativo (extensión a otros barrios periféricos) y cualitativo (desarrollo de estrategias militantes ilegales vinculadas a otras organizaciones como el PCd’I (m-l) o Lotta Continua y a su condición proletaria no solo como inquilinato). Ya no se trataba de que la organización de masas fuese una herramienta de presión de signo reformista sobre las instituciones; al contrario: en estos años el vínculo entre reestructuración, reforma y represión en Italia se hizo más visible que nunca como forma de superación capitalista de la crisis (vínculo del que hablaría, de hecho, alguien que reivindicaba la labor de la UI: Mario Moretti, dirigente de las Brigadas Rojas)^​7​ y contra él la legalidad era inútil y la espontaneidad era incapaz. Hubo okupaciones en el barrio de Gallaratese, en Via Mac Mahon y Via Tibaldi en 1970, organizadas por Lotta Continua y apoyadas por la UI, en las que familias desahuciadas entraron a vivir en viviendas municipales, lo que derivó por supuesto en violentos enfrentamientos con la policía; un año después un grupo de mujeres asaltó el Pallazo Marini, sede del gobierno municipal, y sacó mobiliario a través de las ventanas; para 1976 había en Milán 1.500 okupaciones de vivienda pública y treinta y siete de privada.​7​ Pero para la UI había algo que no funcionaba en esas experiencias. Consideraba que habían sido acciones espontáneas más vinculadas a las luchas de un grupo de vanguardia aislado, por lo demás en ese momento un objetivo accesible para las fuerzas represivas, que a los problemas concretos del barrio y al desarrollo de una conciencia de clase. Tiene lugar a partir de 1970 un trabajo organizativo y teórico profundo en cuestiones como el internacionalismo o la relación entre vanguardia y masa que ayuda a avanzar en la teoría y práctica de clase aplicada al frente de masas.

Su programa, sí, se vuelve más acentuadamente comunista y «antirrevisionista», reafirma su posición contra «el uso capitalista de la ciudad», contra una lucha que no haga sino reproducir y confirmar sus propias condiciones de miseria, pero no se acaba por desarrollar en ningún momento un vínculo tan fuerte con ninguna organización que permita relacionar sus luchas económicas en interés de su clase, como la recuperación de viviendas y la resistencia frente a los desahucios, con sus expectativas y necesidades políticas. Ese obstáculo acaba volviéndose contra la propia UI, que recupera la lucha legal de sus primeros años y demandas en torno a la reducción de los alquileres del parque público al 10% de los ingresos, la devolución al mercado de las viviendas vacías y el aumento del parque público (en Milán alcanzaba el 15% del total).​8​ A ello se sumó que los grandes sindicatos del trabajo, como la CGIL, crearon sus propios sindicatos para el inquilinato, sindicatos totalmente antiobreros, dispuestos a la negociación en mitad del conflicto abierto y que, para acabar de rematar la situación, denunciaban las okupaciones por los supuestos perjuicios que estas acarrearían a las futuras inquilinas e inquilinos. El PSI, además, llegaría al gobierno municipal de Milán en 1976, con la consiguiente cooptación de los movimientos sociales y políticos de la ciudad.

Esta concatenación de obstáculos, unida a la represión y al desmoronamiento general de la lucha obrera desde finales de los años setenta en Italia, vino a poner punto final a la experiencia y la potencialidad de la Unione Inquilini.