Expertos en gestión sanitaria advierten de que el ánimo de lucro en el sistema sanitario está relacionado con una peor calidad asistencial para el paciente, aunque denuncian la opacidad de la Administración al respecto
Privatizar la sanidad no sólo es más caro para la Administración pública, sino que los beneficios que obtienen las empresas privadas que acaparan las concesiones de los hospitales públicos están relacionadas directamente con una peor asistencia al paciente. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la marea blanca de Madrid, pero también son numerosos los expertos en gestión que advierten del riesgo de introducir el ánimo de lucro en los centros que salvan vidas.
Recientemente, los médicos de la Comunidad han denunciado irregularidades en los servicios de laboratorio centralizados y privatizados por el exconsejero de Sanidad Juan José Güemes, que «han puesto en riesgo la vida de los pacientes», según informó laCadena Ser. La falta de material, la tardanza en la recepción de resultados de pruebas y la lejanía entre centros, entre otras cuestiones, hizo peligrar la salud de pacientes con leucemia, entre otros graves ejemplos, pero la Consejería que hoy dirige Javier Fernández Lasquetty nunca llegó a sancionar estas prácticas.
Si esto ocurre en los laboratorios, no es de extrañar -según los expertos- lo que pasa o pasará en hospitales y centros de atención primaria. En el hospital de Sant Pau (Barcelona), con un modelo concertado similar a los PFI madrileños ( HospitalInfanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Hospital del Norte, del Sureste y el del Tajo), los trabajadores también han denunciado, en numerosas ocasiones, el cierre de salas, la reducción del número de camas y de trabajadores eventuales,y, en consecuencia, el aumento de listas de espera y muchos más reingresos de pacientes.
«El principal problema de las empresas privadas con fuerte ánimo de lucro es que tienden a la selección de riesgos: es decir, buscan «descremar» la demanda y quedarse con los casos menos graves y que se puedan resolver de forma más sencilla y con menor riesgo de efectos adversos y complicaciones», señala José Ramón Repullo, jefe de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.
El catedrático y director del Máster de Evaluación Sanitaria en la Carlos III de Madrid, Félix Lobo, también denunció el sábado, en la I Jornada de Gestión Sanitaria de Afem, que la selección de riesgos es «difícil de controlar», debido a que los contratos que la Administración firma con las empresas concesionarias «no son fáciles de diseñar para que prevengan estos problemas de forma completa». Según este experto, debido a que, si se derivan pacientes a los centros 100% públicos, los hospitales privatizados tienen «el incentivo de no derivar a otros hospitales, pero sí a la atención primaria», con los consecuentes riesgos que esta práctica puede suponer en la salud de los pacientes. Además, otras formas de selección de riesgo son, según Lobo, «la especialización en tratamientos no complejos, la escasez de facilidades para discapacitados y la no contratación de médicos buenos en especialidades caras para que los pacientes no vayan» a tratarse de enfermedades no rentables. Es así como las concesionarias que gestionan los hospitales ya privatizados de la Comunidad desde épocas de Esperanza Aguirreconsiguen salir rentables en las cifras oficiales.
En cuanto a las pruebas e intervenciones realizadas a los pacientes, además, Repullo también advierte de que «si se paga por acto, se tenderá al uso excesivo e inapropiado; si se paga por capitación (una cantidad por persona y año) se tenderá a la provisión demenos servicios de los demandados y posiblemente de los necesarios». «Por eso se suele decir que el tabaco es malo para la salud y el ánimo de lucro malo para la sanidad», metaforiza el experto en Economía de la Salud.
«La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que los sistemas universales y públicos son los que consiguen mejores resultados en salud con menos dinero», cita también el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Marciano Sánchez Bayle. «Es difícil demostrar con rigor esta situación debido a la falta de información, pero las empresas privadas, por lógica, tienen que repartir beneficios y es lógico también que ese dinero salga de la reducción de médicos, del tiempo de estancia del ingreso, de pruebas dianósticas…», señala también Antonio Gómez, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS-Madrid).
Falta de transparencia en la Administración
Pese a estas suposiciones «lógicas», lo cierto es que no existen datos fiables que puedan avalarlas. La Fadsp, CAS-Madrid, sindicatos como CSIT-UP y organizaciones como la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid (Afem) denuncian que la Consejería de Sanidad no ofrece ningún dato que avale su teoría de que «externalizar» servicios sale más barato. Y otros expertos en gestión sanitaria coinciden con dichas plataformas en que la falta de datos y la opacidad de la Administración Pública impiden saber con exactitud si las afirmaciones de Lasquetty sobre el ahorro de la privatización son un bulo interesado o datos con fundamento.
«No sabemos de dónde salen esas cifras [441 euros por persona, en lugar de 600], cómo ha realizado la Consejería esos estudios, porque no es lo mismo contabilizar coste por persona en un área determinada que coste por paciente realmente atendido», señala Juan Oliva, presidente de la Asociación Economía de la Salud. El Plan para la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid es, para Oliva, «un plan ambigüo que no dispone de ningún informe técnico que lo avale ni de una fuente de información de donde podamos obtener ese cálculo», insiste.
Lo que sí se conoce hasta ahora es que el presupuesto inicial destinado por la Comunidad de Madrid tanto a hospitales públicos como semiprivados acaba aumentándose con creces al final de cada año. «El gasto siempre está por encima del presupuesto, con lo que podemos concluir que los centros están infrapresupuestados; un juego perverso que, en cualquier caso, demuestra una mala gestión, bien por parte de la Administración pública que lo gestiona, bien por parte de la empresa privada que maneja el hospital en cuestión», advierte este experto. «Así no hay forma de saber quién es el culpable, porque no se dispone de información suficiente», añade.
«La responsabilidad última es de la Consejería, que es quien marca las reglas y quien tiene los elementos a su favor para que el sistema sea mucho más transparente, aunque en España tenemos una cultura inexistente de rendición de cuentas», continúa Oliva, que asegura que sólo Catalunya ofrece datos sobre sus indicadores de calidad asistencial. «El caso de Madrid es paradigmático no sólo por lo que propone sino por cómo lo propone: su forma de hacer política demuestra un claro déficit de calidad democrática, sin consenso con los profesionales, ni con los ciudadanos y sin transparencia», concluye el experto, que asegura que una forma eficaz de ahorrar en sanidad pública sería, por ejemplo, fomentando la prevención. «Si se hubiese hecho, habría menos enfermos, menos hospitalizaciones, menos tasa de dependencia…pero en España sólo legisla mirando el corto plazo», denuncia.
Otro experto del Centro Superior de Investigación Pública que recientemente ha elaboradoun completo estudio sobre la eficiciencia de la gestión hospitalaria pública, Salvador Peiró, también señala la falta de información como inconveniente. «La mayoría de afirmaciones sobre la mayor o menor eficiencia del modelo de concesión propugnado se lanzan sin datos que las avalen. La tan esforzadamente lograda (y reiteradamente denunciada) opacidad del conjunto del Sistema Nacional de Salud facilita la algarada, pero restringe la posibilidad de adoptar decisiones informadas», sentencia el documento. «No es que apenas existan datos sobre los «otros» hospitales [los ya semiprivatizados], es que tampoco se difunden los referidos a hospitales de gestión directa [los 100%públicos]», añade.
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) también señaló en un comunicado «la insistencia demostrada por nuestras autoridades sanitarias en no hacer pública la información necesaria» para verificar las reiteradas afirmaciones sobre la eficiencia de la privatización. «No se dispone de evidencia que apoye esas aseveraciones», insisten.
«Hay demasiada oscuridad en el sistema como para saber si el modelo público de gestión privada funciona o no», denuncia también Repullo. «No hay información suficiente sobre lo que se consigue y lo que cuesta este modelo, tampoco fue desvelado el reequilibrio de las concesiones que parece que se produjo de forma limitada den 2010, ni se conoce la información de detalle de si se facturan a estos centros por pacientes suyos que se derivan a centros públicos, y parece que tampoco se ha compensado por el personal público que trabaja en concesionarias», detalla Repullo.
«Sí podemos decir que sería exigible plena transparencia y rendición de cuentas», resume el experto, partidario de que si hay que recortar, que sean los profesionales quienes digan de dónde. «Hay grasa y usarla para extraer energía en estos tiempos de graves recortes pasa a ser una obligación ética de los que defendemos el sistema público de salud. Y mejor hacerlo nosotros, para que el recorte no se lleve ni músculo ni hueso», metaforiza.
«EL PP repite de forma machacona que es más barato, pero no hay ningún dato que lo demuestre y sí muchos indicios de que la privatización es una ruina económica con muchos riesgos para las arcas públicas y un grave peligro para la calidad asistencial», resume también la #AuditoríaSanitaria de Equo.
Los contrainformes
Pese a los datos y argumentos esgrimidos por los defensores de la sanidad pública, las empresas privadas también pueden encontrar informes a su favor, aunque, según los expertos consultados por Público, no hay ningún dato 100% fiable que pueda equilibrar la balanza hacia uno u otro lado del conflicto.
Aun así, la empresa IASIST, por ejemplo, asegura en Evaluación de Resultados de los Hospitales en España según su modelo de gestión que los centros que tienen un modelo de gestión distinto del 100% público «son centros más pequeños», que tratan «pacientes de similar complejidad», «hacen una utilización más eficiente de las camas y son más intensivos en el uso de alternativas ambulatorias». Además, añaden, «son más eficientes, al tener un coste por unidad de producción un 30% inferior». Pese a ello, concluyen, «obtienen buenos resultados de calidad científico-técnica».
La firma internacional de auditoría y asesoramiento Russell Bedford presentó recientemente un estudio en el que asegura que la gestión público-privada de la Sanidad podría ahorrar más de 13.000 millones de euros en toda España, informa Efe.
Nobstante, los defensores de la pública restan credibilidad a estas cifras. «A veces estos datos provienen de organizaciones que montan ellos mismos [los gestores privados de la sanidad pública] para proteger sus intereses con informes amañados que les favorecen», sentencia el presidente de la Federación de Asociaciones por la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle.
Por CAS – Madrid
