Se acaban de cumplir 50 años del llamado Acuerdo de Madrid, firmado el 14 de noviembre de 1975 por el entonces jefe de Estado en funciones, por enfermedad de su mentor Francisco Franco, Juan Carlos de Borbón. Con dicho pacto se entregaba el Sahara Occidental a Marruecos y Mauritania, a cambio de un protocolo aún secreto de participación del “campechano” y otros prebostes del régimen en los beneficios de los fosfatos y la pesca, riquezas de ese territorio.
Conviene recordar que el 11 de diciembre de 1963, la Asamblea General de Naciones Unidas adopta la resolución 1956 (XVIII) que incluye el Sahara occidental en la lista de Territorios No Autónomos (TNA) en espera de descolonización, y reafirma el derecho de autodeterminación de la población autóctona, mediante la aplicación de la resolución 1514(XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas intitulada “Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales”.
En ese mismo sentido, el 20 de diciembre de 1966, en su resolución 2229(XXI), la Asamblea General de Naciones Unidas insta a la potencia administradora (España) a determinar lo antes posible, de acuerdo con la aspiración del pueblo indígena del Sahara español, las modalidades de organización de un referéndum auspiciado por Naciones Unidas, para que pueda ejercer libremente su derecho a la libre determinación.
Sin embargo, en marzo de 2022 el gobierno “más progresista de la historia” reconoció la propuesta del régimen marroquí de autonomía para el Sáhara, no siendo ajeno a dicho cambio de postura el papel que Marruecos desempeña en el control de los flujos migratorios, eufemismo para designar el intento de bloquear que las personas a las que el expolio que el imperialismo ejerce sobre los recursos de sus países de origen empujan a migrar buscando la supervivencia lleguen a los países imperialistas.
Tampoco hemos de olvidar los intereses de las empresas de nuestro Estado en Marruecos, con inversiones de unas 1400 empresas de unos 5.000 millones de euros, de los cuales 2.512 suponían inversión en infraestructuras (datos de 2020). La lista de empresa y de sectores era amplísima, abarcando el turismo (Meliá, Barceló), la energía (Cepsa, Indra, Abengoa, Endesa y Naturgy), hasta la pesca, el textil, la construcción, el sector químico, agroalimentario, el transporte de viajeros (Alsa tiene el servicio de autobuses de la comarca de Rabat), etc.
En suma, ante esta combinación de factores el gobierno no dudó en anteponer negocios sobre principios, como corresponde a todo estado imperialista.
Y, desde las entrañas del imperio, el pasado 31 de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 2797/2025, reconociendo el plan de autonomía propuesto por Marruecos es una base sólida para resolver el conflicto del Sáhara.
El imperialismo, liderado por EEUU, se premia a sí mismo por cuanto el régimen marroquí es un aliado estratégico de primer orden en África, frente a los intentos de varios países de ese continente de sacudirse el yugo del imperialismo y el neocolonialismo. De hecho, Marruecos no es solo uno de los aliados económicos claves para Estados Unidos, sino un gendarme en la zona y uno de los países con mejores relaciones con el Estado de Israel.
Dicha resolución no solo apuntala la opresión y explotación de las riquezas del Sáhara occidental, sino que es un espaldarazo a Marruecos en una política de atroz represión que ha convertido ese territorio en un inmenso campo de concentración.
Estamos seguros que, pese a las dificultades, la firme voluntad del pueblo saharaui por su autodeterminación, para alcanzar la plena soberanía política y social, derrotará los intereses del imperialismo y de sus lacayos, la historia nos recuerda que, mediante la lucha, los opresores imperialistas pueden ser derrotados.
