urante los años 30, aupados por la irá que dejó la masacre de las bananeras en 1928, la movilización campesina y popular contra el modelo económico, creció de tal manera que obligó al presidente de turno, Alfonso López Pumarejo, presidente liberal de “la Revolución en Marcha” a promulgar la Ley 200 de 1936. Esta ley representaba un modelo para el desarrollo capitalista, que no afecta la propiedad privada. Pero si introduce el principio de la función social de la tierra, clarifica la propiedad, el dominio por posesión y reconoce los baldíos, buscando solucionar el conflicto entre colonos y latifundistas. Pese a ello, los grandes propietarios ven amenazadas su propiedades e inician una cruzada atroz contra arrendatarios y colonos, expulsándolos de las tierras con ayuda de grupos paramilitares y de la fuerza pública.

Se cae el montaje judicial contra Leyla Ordóñez: [...]

El grado desproporcionado de violencia y horror que hace llorar de alegría a Santos cuando produce la muerte de revolucionarios y demócratas, no merece ningún tipo de respuesta por parte del pueblo indignado. Los amos del capital y de la tierra, su aparato de terror y sus apoyos extranjeros se niegan a admitir que su actitud asesina es la única causante de esta guerra.