La dominación colonial española ocupa varios siglos de historia, y aun hoy se dejan sentir en muchos aspectos las consecuencias de esta trayectoria de control sobre los pueblos colonizados. De hecho, aunque se suele apuntar al “desastre del 98” —con la derrota en Cuba frente a los EEUU— como punto final del Imperio, lo cierto es que el Estado español prolongó su empresa colonial en África durante décadas. Es el caso, entre otros, del Sáhara Occidental.
Con la intención de profundizar en la explotación de los abundantes recursos naturales de esta zona, el gobierno franquista impulsó una política de control más estrecho sobre el territorio saharaui durante los años 50 y 60. En un clima dominado por las luchas de liberación nacional y los procesos de descolonización en las periferias del imperialismo, el gobierno español convirtió el Sáhara en una provincia española. Con esta maniobra, el régimen pretendía desmarcarse de las obligaciones que el derecho internacional imponía a los países con territorios bajo mandato colonial. Sin embargo, la ONU ratificó en 1966 el derecho a la autodeterminación de las “provincias” españolas en el continente africano (Ifni y el Sáhara Occidental). Al mismo tiempo, la propia resistencia del pueblo saharaui aumentaba, y acabó cristalizando en la fundación del Frente Polisario (Frente Popular de la Liberación de Saguia el Hamra y Río de Oro), con el objetivo de poner fin a la dominación colonial española.
La provincia de Ifni fue cedida a Marruecos en 1969, y cinco años más tarde —ante la presión ejercida por la resistencia saharaui, Marruecos y Mauritania, y los organismos internacionales— el gobierno franquista decidió proponer la realización de un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. No obstante, Marruecos rechazó esta propuesta e insistió en reclamar su derecho sobre los territorios ocupados por el Estado español. Ante la negativa de la justicia internacional, que no respaldó estas pretensiones, Marruecos decidió enviar 350.000civiles y 25.000 soldados al Sáhara en la famosa “Marcha Verde” de 1975.
Con Franco al borde la muerte y el régimen sumido en una grave crisis política, el gobierno español se vio en la necesidad de transigir ante las demandas marroquíes. En consecuencia, el 14 de noviembre de 1975 se firmó el Acuerdo Tripartito de Madrid, mediante el cual se cedían de facto los territorios saharauis a Marruecos y Mauritania. Tan sólo cinco días después, las Cortes franquistas aprobaron la Ley40/1975, ratificando así “legalmente” la descolonización del Sáhara Occidental. Aunque este movimiento no fue reconocido por la ONU —ya que, de acuerdo con los criterios de la legalidad internacional vigente, el Estado español no podía ceder el territorio a Marruecos y Mauritania sin autorización de la ONU—, el gobierno dio por cerrada la cuestión saharaui.
El Estado español retiró en pocos meses todas sus tropas del Sáhara y la disputa se transformó, entonces, en una guerra abierta entre la República Árabe Saharaui Democrática (proclamada en 1976 por el Frente Polisario) y sus dos nuevos ocupantes, Marruecos y Mauritania. En 1978, un golpe de Estado depuso al gobierno mauritano; las nuevas autoridades decidieron firmar la paz y abandonar las zonas ocupadas. Por el contrario, Marruecos siguió adelante con sus planes y desde la Marcha Verde procedió a apoderarse por vía militar de los territorios saharauis, provocando el desplazamiento forzoso de la población. Tal fue la violencia del proceso que, día de hoy, más de 173.000 personas continúan viviendo en los campos de refugiados que se levantaron entonces en la zona fronteriza de Argelia. En los años 80, Marruecos procedió además a levantar un muro de 2700 km que sigue dividiendo hasta hoy el territorio saharaui en dos partes: la zona bajo control marroquí (2/3 del total, ocupando el litoral atlántico y el norte del Sáhara) y la denominada Zona Libre, bajo control del Polisario.
La confrontación bélica entre la República Saharaui (RASD) y Marruecos continuó hasta 1991, cuando finalmente se proclamó un alto al fuego entre las dos partes. Esta tregua tras 16 años de guerra se estableció porque, en 1990, la ONU había elaborado un plan de paz encaminado hacia la realización de un referéndum de autodeterminación en el año 1992. Pese a que Marruecos aceptó en primera instancia este “Plan de Arreglo”, lo cierto es que toda su actividad posterior consistió en boicotear sistemáticamente la celebración del referéndum. Mientras Marruecos empleaba mil medios (diplomáticos, administrativos, represivos) para impedir esta solución, el pueblo saharaui no dejó de resistir. Por ejemplo, en mayo de 2005 tuvo lugar la que se conoce como “Intifada saharaui” en los territorios ocupados, y cinco años más tarde se produjo un levantamiento popular en el campamento de Agdaym Izik en las afueras de El Aaiún (capital del Sáhara Occidental).
El Frente Polisario juega, según el Ministro Político de la RASD, con cuatro grandes bazas: el derecho internacional; la categoría del Sáhara Occidental como “territorio no autónomo” para la ONU, que legitima la acción del Polisario y su visibilidad como único representante del pueblo saharaui; el reconocimiento de un gran número de Estados, especialmente de la Unión Africana (UA); y el apoyo de Argelia.
De hecho, la UA ha sido un espacio fundamental para la RASD, que participa en ella como Estado miembro de pleno derecho desde 1984. Ese mismo año Marruecos abandonó la organización como protesta ante la admisión de la RASD, pero esta política se acabó revelando más bien como un fracaso para los objetivos marroquíes. El rey Mohamed VI accedió al trono en 1999, y con él se produjo un cambio de orientación que viene tratando de ampliar las redes de influencia y la capacidad de decisión de Marruecos en el continente africano. Como broche a esta renovación, en2017 Marruecos logró ser admitido de nuevo como miembro de la Unión Africana, con la intención explícita de expulsar a los saharauis.
En noviembre de 2020, tras casi 30 años de una “tregua” que no ha servido más que para fortalecer las posiciones marroquíes, Marruecos desalojó a civiles saharauis del paso fronterizo de Guerguerat (una zona de importancia estratégica para los intereses económicos marroquíes). Cruzando varias veces la zona desmilitarizada y reprimiendo a los/as activistas saharauis que protestaban en el puesto de Guerguerat, Marruecos violó descaradamente el alto el fuego acordado en 1991. Ante esta situación, el Frente Polisario también dio por roto el alto el fuego y retomó inmediatamente sus acciones militares contra el régimen ocupante.
Durante todas estas décadas, el papel de las Naciones Unidas ha sido prácticamente nulo. La MINURSO —misión diplomática encargada de organizar el referéndum desde 1991— es un monigote inútil, mientras que, por su parte, Francia y EEUU actúan como benefactores de Marruecos bloqueando en la ONU cualquier iniciativa favorable al pueblo saharaui. También la UE, pese a lo que dictaminan sus propios tribunales, mantiene acuerdos comerciales con Marruecos por cientos de millones de Euros (por ejemplo, al adjudicar al Estado marroquí la explotación pesquera de aguas que por derecho corresponden a la RASD).
Por último, una vez más, el Estado español aparece como el mayor responsable directo de la terrible situación que se vive en el Sáhara Occidental. Hemos visto que el gobierno franquista comenzó por lavarse las manos ya en 1975, cediendo “sus provincias” a Marruecos y desentendiéndose del destino del pueblo saharaui (lo cual ni siquiera podía hacer, puesto que, a efectos de la legalidad internacional, la ONU nunca ha reconocido este movimiento y sigue considerando al Estado español como responsable directo de la descolonización del Sáhara). Después, siguiendo la senda de sus maestros, todos y cada uno de los sucesivos gobiernos españoles desde 1975 han mirado hacia otro lado ante los abusos cometidos por Marruecos, así como ignorando la responsabilidad inapelable que la legalidad internacional les atribuye como administradores oficiales del “territorio no autónomo” del Sáhara Occidental.
En contraste con su desinterés por la opresión del pueblo saharaui, el Estado español viene manteniendo relaciones muy estrechas con el gobierno despótico del rey Mohamed VI (tanto en el plano económico como en el diplomático). Uno de estos frentes de colaboración tiene que ver con la política migratoria. A este fin existe desde 2003 un “Grupo Permanente Hispano-marroquí sobre Migraciones”, encargado de regular los flujos migratorios que llegan desde Marruecos al Estado español. Como Marruecos hace frontera con los dos “enclaves coloniales” que el Estado español conserva en el continente africano (Ceuta y Melilla), el gobierno tiene un gran interés en congraciarse con las autoridades marroquíes para controlarla inmigración ilegal.
Cuando las cosas marchan bien, Marruecos y el Estado español “abren la mano” y permiten entrar a miles de migrantes de manera regularizada. Es el caso, por ejemplo, de las 14.000 mujeres marroquíes que llegaron a lo largo de 2019 para ser explotadas en labores agrícolas, y cuyas penosas condiciones de vida en el campo son de sobra conocidas. Pero el hecho de que el Estado español dependa relativamente de Marruecos para vigilar y reprimir a los migrantes que buscan alcanzar “ilegalmente” Europa —que no son sólo marroquíes, sino también llegados desde otras partes de África— es un arma de doble filo.
Este es el caso actual. Hace poco se reveló que Brahim Gali, Secretario General del Frente Polisario —el cual, recordemos, está en guerra contra la ocupación marroquí desde 1975 y dio por roto el alto el fuego hace unos meses— está siendo tratado de Covid en el Estado español. Ante esta información, Marruecos anunció sin pudor que habría “represalias”. Estas represalias se han concretado en que las fuerzas de seguridad marroquíes que guardan la frontera con Ceuta han dado vía libre para que cientos y miles de personas intenten llegar al lado español. Ante la noticia de la permisividad del gobierno marroquí (que todavía guarda silencio sobre los últimos acontecimientos) muchas personas han acudido como han podido a Ceuta, en busca de una oportunidad para alcanzar Europa. Las cifras oficiales dan más de 6.000personas, de las cuales el gobierno “progresista” —que en la oposición denunciaba duramente las “devoluciones en caliente”— se enorgullece de haber devuelto ya a más de 2.700.
Este nuevo episodio de “crisis migratoria”, que servirá a la derecha para promover aún más su discurso racista entre la población española, es el resultado lógico de la actitud del Estado español ante Marruecos y la colonización del Sáhara Occidental. Teniendo a un aliado crucial en el Marruecos de Mohamed VI, el Estado ignora por activa y por pasiva su responsabilidad en el Sáhara y deja hacer libremente al gobierno marroquí; pero las cartas se han vuelto contra él al descubrirse que Gali se encuentra hospitalizado en Logroño. Y ello no se debe siquiera a que el Estado español juegue a dos bandas: el líder del Polisario tuvo que cruzar la frontera para recibir atención médica bajo una identidad falsa porque la justicia española lo acusa de violaciones de DDHH —mientras, por supuesto, calla ante las atrocidades de su aliado Mohamed VI—.
Como vemos, Marruecos está jugando su baza para presionar al gobierno con este proceso de inmigración “descontrolada”. Y es que sólo este tipo de inmigración entra en conflicto con los intereses imperialistas del Estado español. Familias y menores que escapan de la miseria provocada por las relaciones de explotación y expolio alas que occidente somete sus países son una “avalancha”, un “problema”, una “invasión”. Sin embargo, las miles de jornaleras que cruzan anualmente las fronteras del Estado para trabajar los campos en condiciones de semi-esclavitud son bienvenidas (hasta que, por supuesto, termina la época de recogida). La lógica está clara. El Estado español guarda silencio ante las agresiones marroquíes en el Sáhara Occidental y elude su propia responsabilidad en la guerra, al mismo tiempo que comparte con Marruecos la labor de guardar por las armas su preciada frontera. El Estado español es, en definitiva, cómplice y agente de la violencia sobre el pueblo saharaui, de la violencia que sufren miles de personas empujadas a jugarse la vida en la frontera por un futuro mejor.
