«¿Está el enemigo?»
Con estas palabras se refería José Álvarez Rodríguez a la pareja sentimental de su empleada en la pastelería «La Suiza», en Gijón. Era solo una de las muestras de la clase de relación a la que se veía abocada la extrabajadora, durante las largas horas diarias que tenía que compartir con un empleador que era plenamente consciente de su impunidad, por su condición tanto de patrón como de prominente miembro de una célebre y bien relacionada familia de la burguesía local.
La coerción que supone para nuestra clase la propia necesidad de someternos a la explotación capitalista ya es de por sí un elemento disuasorio para la protesta, pero, ¿qué es lo que ocurre cuando a nuestros explotadores no les basta con tenerlo todo? El 22 de noviembre de 2021, durante la séptima jornada de huelga del sector del metal, esa pregunta rondó por las cabezas de muchas y muchos habitantes de la bahía de Cádiz. Esa mañana, en Puerto Real, una tanqueta de la UME transita las calles, en un despliegue combinado para contener por la fuerza a las trabajadoras y trabajadores en lucha. Raquel, una vecina del barrio de Río San Pedro, denunció públicamente ante las cámaras de TVE la violencia recibida por las fuerzas represivas del Estado, flanqueada por varios antidisturbios. Un año después de aquello tendría que declarar en los juzgados de Puerto Real, acusada de injurias contra los sicarios (sic.) enviados por Fernando Grande-Marlaska a defender los intereses de Airbus, Navantia o Dragados.
No fue el único caso, ya que la huelga del metal de Cádiz supuso uno de los más infames muestrarios de la represión al movimiento obrero de la historia reciente del Estado español. Por primera vez en mucho tiempo, la violencia como instrumento al servicio del Capital se veía complementada con la identificación de obreras para, a semanas e incluso meses vista y sin que quedara constancia de dichas filiaciones durante los propios enfrentamientos, ejecutar sanciones por desórdenes públicos y detenciones a posteriori como la que sufrió Vicente, a la puerta del colegio de sus hijos.
En el otro extremo del Estado, mientras tanto, seis sindicalistas de la CNT se preparaban para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, emitida por el célebre magistrado Lino Rubio Mayo, que les condenaba a tres años y medio de cárcel y a indemnizar a la pastelería La Suiza con hasta 150.428 euros, por delitos de coacciones y obstrucción a la justicia. En el haber del juez, conocido como «el justiciero de Poniente» figuran condenas como la que en 2007 mandaba a prisión a Cándido González Carnero y Juan Manuel Martínez Morala, por varios daños durante una jornada de huelga contra el cierre del astillero Naval Gijón. «Es el juez asturiano que más inocentes ha metido en la cárcel», llegó a decir el propio Cándido al respecto, aunque no dejan de ser un nombre y dos apellidos que en ese momento tomaron la forma de una punta de lanza contra la Corriente Sindical de Izquierda (CSI), del mismo modo que actualmente embiste contra CNT.
A lo largo de este artículo vamos a ver cómo toda esta represión, ejercida por la patronal y el Estado contra la lucha de nuestra clase no es un producto de la maldad, de un mal uso de la justicia o de un monstruo que de pronto se cruza en nuestro camino. Recogiendo la cita de Eduardo Galeano en «Días y noches de amor y de guerra», El torturador es un funcionario. El dictador es un funcionario. Burócratas armados que pierden su empleo si no cumplen eficientemente con su tarea. Eso, y nada más que eso. No son monstruos extraordinarios. No vamos a regalarles esa grandeza.
Un arma de la burguesía
El propio movimiento obrero es el resultado de las contradicciones que ofrece el marco de explotación capitalista, marco a su vez acotado por la propia forma bajo la que los elementos que componen la clase dominante hacen valer su posición. El Estado español es la herramienta de la que se ha dotado su burguesía nacional para legitimarse, imponerse y perpetuarse, a imagen y semejanza
de unas necesidades e intereses concretos. Del mismo modo que, a la muerte del dictador, se forjaron alianzas entre miembros del régimen franquista y antiguos disidentes reconvertidos en artífices del juego de manos de la reforma democrático-burguesa, el Tribunal de Orden Público se convirtió en la Audencia Nacional, o el heredero de Franco lo hizo a su vez en una figura legítima amparada por artículos de la Constitución como el 56, que lo establece como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Citando a Marx y Engels en «La Ideología Alemana», de ahí la ilusión de que la ley se basa en la voluntad y, además, en la voluntad desgajada de su base real, en la voluntad «libre». No existen hechos casuales en la hegemonía de la clase dominante.
El movimiento obrero llega a las puertas de la nueva forma tomada por el Estado español contaminado por una serie de elementos interclasistas y sin una clara referencia ideológica, quedando condenado a largos años de luchas resistencialistas en un periodo de transición, pero no hacia unas nuevas condiciones o marco democrático, sino hacia una nueva y demoledora fase de desarrollo de las fuerzas productivas existentes. De hecho, la composición de la burguesía apenas sufre los cambios propios de sus propias dinámicas internas de lucha por fagocitarse unos a otros. Tras una transición que no es más que un juego de posiciones para la burguesía, con Adolfo Suárez como paladín de la democracia, una suerte de imagen pública de un supuesto nuevo orden de cosas, nos encontramos con un periodo en el que se suceden a lo largo de las tres legislaturas de Felipe González varias reformas del Estatuto de los trabajadores; liberalizando el mercado laboral y forzando a desplazar la fuerza de trabajo hacia otros sectores, para poder así desmantelar la industria con miras a la exportación de capital.
Hay una transición, pero al capitalismo en su fase imperialista, que con el paso de los años va minando las fuerzas de la lucha sindical. No solo se debe a los factores mencionados más arriba. No se debe tampoco en exclusiva a la falta de un referente revolucionario, aunque la influencia de este factor es devastadora. Hay un componente material importante en la correlación de fuerzas con la clase opresora, que es que la gran burguesía ya no depende tanto del proletariado nacional para la extracción de plusvalía, pues asume un papel parasitario en la producción global. Navantia, Airbus o Dragados, las tres grandes empresas del metal que estaban en el ojo del huracán durante el conflicto de la bahía de Cádiz, se esforzaron por tensar la cuerda todo lo posible porque su tasa de ganancia está totalmente condicionada por los costes de producción en los centros imperializados, porque ese ya mencionado papel parásito les obliga a mantenerse en una carrera hacia el abismo con su competencia.
Llegamos a una fase de descomposición de todas estas luchas, a medida que la presión que puede ejercer el proletariado estatal disminuye. La atomización de la lucha sindical, la campaña activa de deslegitimación por parte de la burguesía a través del poder mediático, la propia falta de fuerzas del movimiento obrero que, en ausencia de ese referente de vanguardia, no encuentra la capacidad para unificarse en torno a objetivos ni siquiera inmediatos, nos pone ya de por sí en un escenario de desamparo frente a las agresiones patronales. ¿Qué papel juega en este contexto la represión?
Si el Estado, tal y como lo entendemos, es la herramienta de la que se dotan estos mismos capitalistas, la justicia y el monopolio de la violencia desde una concepción formal, desgajada de las propias desigualdades materiales, son un trasunto de sus necesidades concretas en cada momento. Simplemente, la defensa de la propiedad privada en el derecho constitucional y el monopolio de la fuerza por parte del Estado son, de hecho, dos garantes por sí solos de que toda fuerza de seguridad pública esté de facto al servicio de la clase poseedora. El empresario, amparado por el derecho a la explotación, tiene a su servicio la posibilidad de que, en pleno conflicto con sus trabajadoras y trabajadores, las fuerzas represivas acudan en su rescate y desmovilicen a sus víctimas. El Estado, aunque no directamente, puede ejercer en nombre de los capitalistas la violencia que estime necesaria contra nuestra clase. Es más, son las propias obreras en lucha quienes llevan impuesta la obligación de declarar abiertamente que sus intenciones son «buenas», qué es lo que pretenden y cuándo lo van a llevar a cabo; y una vez hecho esto será la propia legalidad vigente y sus instrumentos para hacerla valer quienes les pongan coto.
«¿Pero tú quieres volver a trabajar en esta ciudad?»
Fran se preparó según los parámetros de la justicia burguesa para organizarse junto a sus compañeras y compañeros y frenar los abusos de su jefe en el restaurante en el que trabajaba, en Murcia, y formar una sección sindical con CGT. Es llamativo que aún con todo a su favor, la patronal siempre conserve esa tendencia a incumplir sus propios acuerdos, a tensar un poco más las condiciones de explotación a las que somete a sus trabajadoras y trabajadores. En esa ocasión su empleador no necesitó de unas herramientas otorgadas por el Estado para tratar de amedrentar a su empleado, ya que compartía un grupo de WhatsApp con no pocos de los hosteleros más importantes de la región, y solo necesitaba mandar el currículum de Fran para asegurarse de que no volviera a trabajar en ninguna empresa del sector de la ciudad.
El corporativismo como forma de amenazar a la mano de obra es un arma del que la pequeña y mediana burguesía tiende a abusar en según qué sectores, allí donde la organización obrera presenta mayor debilidad; pero a medida que la magnitud del capitalista crece, esas relaciones se vuelven más aparatosas e implican a más agentes. Los buques insignia del imperialismo estatal tienen en su mano la posibilidad de aprobar o derogar leyes, de modificar en función de sus intereses cuanto necesiten del propio Estado. Lo que en el caso de un grupo de empresarios hosteleros de una localidad costera significa poder castigar a los «elementos subversivos» con el veto patronal; en el caso de Navantia, Airbus o Dragados en la bahía de Cádiz se tornaba en la capacidad para obligar a CC.OO. y UGT a acudir a Madrid, lejos del foco del conflicto, para firmar un acuerdo de urgencias que diera carpetazo a la negociación del convenio. Esto último, del mismo modo, dejaba en el aire a los propios «elementos subversivos» de la huelga del metal, las trabajadoras y trabajadores eventuales organizados en plataformas de carácter sindical, como la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) de Cádiz.
Valga un ejemplo de los más célebres de los últimos años: En 2011, con el Estado español sumido en una de las crisis más profundas de su historia como democracia parlamentaria, los dos partidos mayoritarios pactan una reforma del artículo 135 de la Constitución, que obligaba al gobierno a ajustarse a la ley pertinente y a estar autorizado para emitir deuda pública. El objetivo, los 100.000 millones de euros que Luis de Guindos, entonces Ministro de Economía, tenía que solicitar a la Unión Europea, cantidad que casaba perfectamente con el aval extendido por el Banco de España, mediante el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, a distintas entidades bancarias privadas que acabó interviniendo por no poder cumplir con sus propios créditos. En todo momento el Gobierno se negó a hablar de un rescate. Era un préstamo que el Estado español avalaba con sus propios bonos, es decir, su capacidad de emitir deuda, y que a través del FROB se inyectaba directamente en el sector bancario. ¿El argumento? Muy sencillo, el Estado nunca fue rescatado, ya que la única economía intervenida realmente fue la de la banca privada, reforma constitucional mediante y a costa de la eliminación de varios subsidios, coberturas sanitarias por parte de la Seguridad Social, organismos de atención primaria, reducción de ayudas a la dependencia, cierre de centros educativos, reducción de becas y otras muchas y muchas más medidas de austeridad. El lector más avispado ya se habrá percatado de que ninguno de esos recortes o «medidas de austeridad» afectaba directamente a ninguna entidad bancaria.
Eso sí, si tú que lees esto algún día te encuentras en Times Square y necesitas dinero, podrás contar con una sofisticada y completamente equipada sucursal del BBVA allí mismo. Que no sea por falta de medios…
Pero volvamos sobre nuestros pasos. Sobran ejemplos para demostrar que aunque la clase dominante también tiene otras formas de organizarse, el Estado siempre encuentra medios para arrojarse a una posición instrumental al servicio de la burguesía. La familia Álvarez Meana, en Gijón, no tuvo problemas para rentabilizar el traspaso que tenían previsto para la pastelería La Suiza a costa de congraciarse con Lino Rubio y criminalizar de paso la acción sindical. El 3 de mayo de 2016 ya figuraban anuncios en internet para la venta del negocio. Sin embargo, años después no dudaron en utilizar como argumento la obligación de vender a la que se había visto abocado José Álvarez Rodríguez por culpa de los «ataques» de CNT. Una jugada perfecta. Un «clarísimo» caso de acoso al propietario de este pobre obrador.
La exempleada de su pastelería, mientras tanto, tuvo que pasar por largas jornadas de acoso en muy diversas formas, por insinuaciones sobre su pareja y sobre sí misma o sobre su embarazo como supuesta excusa para bajar el rendimiento. Un día, obligada a acarrear un peso desproporcionado para su estado, tuvo un sangrado, pero su jefe no dejó que fuera al hospital. Es más, obligó a la trabajadora a finalizar su jornada y a aplazar su urgencia hasta el final del día. Afortunadamente el embarazo no llegó a interrumpirse. ¿Qué ocurrió con todo esto? ¿Qué ocurrió con las preguntas sobre si estaba o no «el enemigo»? ¿Y con el acoso sexual denunciado por esta mujer? Absolutamente nada. Esta causa queda archivada al tiempo que otras dos más se abren contra ella: una por denuncia falsa, otra por acoso y amenazas al buen José Álvarez Rodriguez.
Una escalera de dominación…
El propio marco de la explotación capitalista está hecho para mantener en su seno toda lucha obrera que pretenda romperlo, por legítima que sea. ¿Qué pasos podemos rastrear, basándonos en todos los casos mencionados?
En primer lugar, a falta de cualquier forma de oposición, la patronal presiona las fronteras de sus límites hasta donde necesite. La Red de Apoyo Laboral de Vallekas, sindicato de barrio del popular barrio madrileño, recibió un día la visita de un empleado de una popular taberna local. Su jefe y «amigo» le había dado de baja de la Seguridad Social sin previo aviso porque «le salía muy caro pagarlo».Es un *modus operandi* bastante drástico, pero no extraño, ya que como dueños de todo, incluso de los acuerdos arrojados a la clase oprimida, la burguesía siempre tiene algo que incumplir.
Una vez las contradicciones propias de este modo de producción estallan, los capitalistas ya tienen por sí mismos y a título individual herramientas para devolver las aguas a su cauce, ya sean mandos intermedios que como fieles soldados se esmeran en vejar y hacer la vida imposible a cuanta trabajadora y trabajador tenga a su cargo; traslados de centro de trabajo, cuanto más incómodos mejor; cambios de puesto, aumento de la carga de trabajo, relegación a tareas desesperantes; o un montón de variantes más antes de llegar al despido. Pero por si jugar a título individual con las vidas de las personas como si fueran muñecos de su cajón de juguetes no fuera suficiente, pueden recurrir a la táctica que sufrió Fran en Murcia, o que sufren varios eventuales de la bahía de Cádiz organizados en CTM, y privar en la medida de lo posible, mediante sus relaciones con otros burgueses, a obreras y obreros de vender su fuerza de trabajo. No solo por pura venganza, sino por aspirar a un sector lo más limpio posible de movimiento obrero.
Y en última instancia, el Capital puede recurrir a las herramientas más poderosas para la represión de todas con las que cuenta. Un Estado configurado a su servicio, que pueden alterar en todo momento y cuyo talante democrático se basa en votar al representante de la clase explotadora que mejor se venda ante su público. Se trata además de una represión totalmente consciente y meditada. Ana, antigua trabajadora del bar El Castizo en Moratalaz, vejada y humillada por su jefe hasta el límite de su salud mental, estuvo trabajando durante todo el tiempo que pasó desde que terminó el Estado de Excepción, en 2020, hasta su dimisión con un contrato falso. Cuando reclamó su dinero, incluidos los numerosos impagos que arrastraba durante años, no solo recibió una negativa tajante
porque «se había ido ella, así que no tenía derecho a nada ya», sino que también fue denunciada por acoso. Del mismo modo que la mujer acosada por el dueño de la pastelería La Suiza se convirtió misteriosamente en acosadora, y varios sindicalistas de la CNT comenzaron su pesadilla judicial por el lucrativo interés del aparataje judicial de equiparar la actividad sindical con violencia y acoso como precedente legal. Del mismo modo que numerosos manifestantes de Cádiz se encontraron con denuncias varias tras ser identificados en los piquetes de sus jornadas de huelga, sin ser conscientes de ello entonces. Del mismo modo que ocho trabajadores de ALSA en Asturias fueron detenidos a finales de 2022 por una huelga que se había producido dos años antes, en el marco de la conocida como «Operación Halmazón» y justo después de la absolución de los piquetes de una de sus filiales, en la huelga producida en 2019. Y podríamos seguir enumerando durante muchas páginas más.
Conclusiones
Todos los casos de los que estamos hablando tienen los mismos elementos en común; pero no son estas las únicas lecciones aprendidas a base de golpes, acoso, denuncias y despidos. La propia justicia burguesa está concebida y desarrollada para que la lucha obrera quede tan acotada como sea posible, pero eso no significa que sean sus parámetros los que dicten si nuestros métodos de lucha son legítimos o no. En ese sentido, el proletariado solo necesita justificarse ante sí mismo.
Entre los elementos que configuran la hegemonía ideológica de la clase dominante se encuentra la universalización de conceptos tratados en abstracto, como la igualdad, la justicia o la libertad, tratando de desligarlos de cualquier condición material. Uno de ellos es la violencia. Al mismo tiempo que tratan de desvirtuar la lucha activa del proletariado porque es un ataque directo a sus intereses ̶ y para ello utilizan todo el aparato mediático del que disponen para tachar a los manifestantes de «locos», «violentos», «vagos», «irracionales», «mafiosos» y cualquier cosa que se le ocurra al tertuliano de turno para criminalizar conflictos como el de la estiba en 2017, el ya mencionado de Cádiz o las numerosas acusaciones recibidas por la Plataforma Sindical de la EMT ̶ se guardan el monopolio de la violencia para sí mismos y sus fines. Quieren la sumisión para las obreras y el uso de la fuerza en todas sus formas para los capitalistas.
Por otro lado, la violencia sufrida en nuestro marco de explotación, a la que respondemos desde el movimiento obrero, está totalmente imbricada con la naturaleza total de nuestra situación como clase oprimida. Es el capitalismo, en toda su dimensión, el causante por su propio funcionamiento de todas estas contradicciones; y de nada sirve por sí mismo apelar a que todos los elementos que hemos desgajado en estas líneas tengan una resolución en su seno. Nunca la va a haber, porque las herramientas del burgués solo responden al movimiento de su mano. «Gracias» a toda esa violencia estructural y superestructural contra nuestras compañeras y compañeros en lucha, podemos atisbar como clase en su conjunto los trampantojos que se esconden bajo la puesta en escena de la burguesía; porque cada vez que un presentador criminaliza a un trabajador en lucha, sabemos que un miembro de las fuerzas represivas está sacando a rastras de su casa a una familia; o que una tanqueta de la UME puede estar a punto de cruzar las calles de nuestro barrio. Es la escuela que nos enseña a tomar las riendas de nuestro deber como clase.
Todas las armas con las que cuenta la burguesía no son, por lo tanto, más o menos justas; sino producto de sus intereses, con lo cual es importante que tengamos en cuenta que no podemos reclamar un «trato justo» en el seno del sistema capitalista, como una suerte de «represión amable». Cuando, como obreras y obreros, emprendemos una lucha contra la patronal, somos nosotras quienes anteponemos nuestros intereses a los suyos, así que el uso de los métodos que consideremos oportunos será nuestra decisión, en base a nuestro análisis y experiencia, y no la suya. Y la virulencia con la que la clase dominante responda a esa contradicción va a estar siempre enmarcada de un modo u otro en la legalidad vigente. No importa cómo lo tengan que enmarcar, en la foto va a caber exactamente lo que quieren.
Por eso mismo, el papel de una obrera que se ha convertido en un referente para su lucha no puede estar sino más allá de esa propia experiencia, del estrecho y controlado marco que le impone su situación como explotada. Debemos tomar las riendas y construir el referente revolucionario que nuestra clase necesita, para poder romper con las barreras que impiden transformar una lucha de un trabajador contra su patron en algo cualitativamente superior, como es la lucha de todas las trabajadoras y trabajadores contra todos los patrones. Citando a Lenin, Es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños. De examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños, y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía.
