El señor ministro de Justicia ya lo ha anunciado: «Prisión permanente revisable para proporcionar una respuesta penal más adecuada a ciertos crímenes, que causan una especial repulsa social».
Hace tiempo que algunos vienen hablando de la cadena perpetua encubierta, pero ya sólo nos queda esperar el retorno del garrote vil, como diría Javier Krahe, «para ajustarle la golilla al pescuezo más incivil». Por si lo dudaban, la cosa no apunta a perseguir la corrupción rampante de los políticos o los Urdangarines de turno, sino que está diseñada para los casos de «terrorismo», entre comillas, pues el señor ministro tiene una visión muy limitada en relación a este concepto.
El señor ministro también ha señalado que, con la reforma del código penal, partidos y sindicatos «deberán responder en bloque por los delitos cometidos por sus dirigentes», pudiendo ser condenados penalmente. Toda una garantía de progreso teniendo en cuenta lo bien que funciona la independencia judicial en este, nuestro querido reino. El señor Ministro no pasa este detalle por alto, por lo que no piensen que está tirando piedras sobre su propio tejado. Está bastante claro contra quienes van a utilizar la ley.
La reforma del Código Penal persigue con más dureza que nunca los delitos de resistencia a la autoridad. Sentarse en la calle dispuesto a recibir una lluvia de porrazos podrá costarte mucho más caro que antes. Se acota el derecho a la libertad de expresión, pudiendo ser encarcelados aquellos que difundan mensajes incitando a la desobediencia civil.
Parece bastante evidente que lo que se persigue con esta reforma es neutralizar las continuas y justas protestas populares, criminalizándolas e instaurando un estado de terror entre la población, es decir, lo que se pretende es la «Dominación por el terror», y esto no es otra cosa sino terrorismo, al menos según la definición que recoge la RAE.
Cabría señalar algunos de los más comunes actos de violencia ejecutados para infundir terror por parte del Estado español, entre los que se encontrarían la represión policial, la tortura o la existencia de presos políticos, entre otros. ¿Que no es cierto? pues que baje el señor ministro de sus altares a desmentirlo. De cualquier modo, no era el objeto inicial de este artículo el sacar a la luz toda esta violencia sistemática.
Hace poco tuve una discusión en torno a la existencia del proletariado. Por definición, el proletario es aquél individuo que no posee más que su fuerza de trabajo para subsistir. Me pregunto cómo llamaran quienes defienden la inexistencia del proletariado, a los millones de parados que guardan cola en la beneficencia, que buscan restos de comida en la basura para llevar a sus familias mientras esperan la oportunidad de vender su fuerza de trabajo a algún capitalista.
Cada vez son más los trabajadores que pierden sus empleos. Las facturas siguen llegando, pero no hay dinero porque no hay trabajo. El concepto de proletariado adquiere mayor fuerza cuando uno ya no puede seguir pagando su casa y es arrojado a la calle por la violencia de la Ley, que como dice Ana Botella, «hay que cumplir aun en los casos más tristes y dolorosos».
Pero que no espere Botella ni el señor Ministro que su reforma del Código Penal vaya a frenar la respuesta del proletariado. Tal vez no estemos preparados como clase para enfrentarnos en una lucha colectiva, pero cuidado, porque igual que la desesperación de un proletario puede traducirse en un suicidio, combinada con la rabia que produce la injusticia, esa misma desesperación puede llevar al proletario a tomar un camino diferente.
F. Pianiski, militante de Iniciativa Comunista
