Desde la encarcelación del antifascista Alfon, o la de los jóvenes de Alsasua, pasando por el aprisionamiento de los políticos independentistas catalanes, la condena a prisión de raperos como Valtonyc o Hásel, la absolución a los violadores de “La Manada” del delito de agresión sexual, o la condena de prisión a sindicalistas en huelga, los tribunales burgueses han evidenciado el carácter de clase que les reserva el Estado capitalista. Sin pretender aquí realizar un análisis pormenorizado de la función social que ha tenido históricamente el Derecho penal, podemos decir que es una herramienta de control del Estado sobre la población que no se pliega a la moral establecida o que cuestiona las contradicciones y violencia del orden dominante.
Las mujeres, no sólo las agredidas, si no como colectivo y sujeto oprimido por el patriarcado, hemos sido un blanco evidente en este proceso de castigo social por parte de la Justicia española. En el mes de mayo conocimos la Sentencia de “La Manada” y hace apenas unos días la condena de cinco años de prisión a Juana Rivas. En ambos casos, la Justicia burguesa no tiene voluntad alguna en comprender las distintas reacciones de una mujer agredida. En el caso de la violación grupal, no se aprecia violencia o intimidación porque la agredida se queda paralizada sin reaccionar activamente ante la dominación de cinco violadores; y en el caso de Juana Rivas, el propio Juez pone en duda la situación de maltrato porque “ella retomó la relación de pareja”.
En el mejor de los casos, este tipo de razonamientos están motivados por una absoluta falta de conocimiento sobre las reacciones normales ante actos que muchas veces ni siquiera se identifican como violencia, o por un premeditado interés en mantener a raya a las mujeres que se defienden, en el peor. Y es que los tribunales españoles han lanzado un mensaje claro en sus resoluciones: la autodefensa no está permitida y se castiga. En el caso de La Manada, por no cumplir el mandato patriarcal de enfrentarse a sus violadores como condición para preservar sus derechos e integridad como persona; en el caso de Juana, por huir con sus hijos para evitar que el agresor ataque a dos menores y ensañarse con ella.
Pero la Justicia del Estado ha mandado más mensajes, más allá de a las propias agredidas. Los jueces españoles han denostado, tanto en el caso de La Manada, como en el de Juana Rivas, el apoyo popular que han logrado las agredidas. En el “voto particular” de la Sentencia de La Manada, el magistrado Ricardo Javier González, dijo expresamente que los otros dos magistrados se dejaron influenciar por los medios de comunicación (incluidas las redes sociales) y cuestiona el poder social y la opinión pública para influir en las decisiones judiciales. El mismo Juez ya dice que “la Justicia paralela (popular) no es justicia”. Por su parte, el juez que ha condenado a cinco años de cárcel a Juana Rivas, también lanzó un mensaje claro para los movimientos sociales, y en concreto para el feminismo: “Su pretendido afán (de Juana) de proteger a sus hijos, entra en contradicción con sus actos, pues no ha reparado en el daño futuro que puede causar a estos, el hecho de aparecer en varios medios acusando al padre de ambos de torturador, mientras grupos de personas de forma irreflexiva y visceral, le muestran su apoyo”.
Pero estas declaraciones no deben sorprendernos, ya que la Justicia burguesa se ha construido a imagen y semejanza de las relaciones sociales dominantes, como herramienta para conservarlas. Como ya señalaron K. Marx y F. Engels en el Manifiesto Comunista, “el Derecho no es más que la voluntad de la clase dominante elevada a ley: una voluntad que tiene su contenido y encarnación en las condiciones materiales de vida de la burguesía”. Todas aquellas personas que intentan convencernos de que la Justicia es objetiva e imparcial están ignorando u ocultando pretenciosamente, quién está al volante de las instituciones. Como diría el filósofo marxista F. V Konstantinov, “el Derecho, como el Estado, no puede ser nunca independiente de las relaciones económicas. Según sea el régimen económico de la sociedad, según sean las relaciones de producción dominantes en una sociedad dada, así serán también el Estado y el Derecho, las instituciones políticas y jurídicas de la sociedad”.
El Gobierno, las fuerzas de seguridad, el Parlamento o la Justicia tienen impreso el carácter capitalista de las relaciones económicas. Decimos en estos casos que la Justicia burguesa es patriarcal porque el Estado capitalista se ha construido asumiendo y moldeando la dominación y violencia sobre las mujeres, porque así lo ha hecho el modo de producción capitalista. Por ello no podemos desligar la represión contra las mujeres, de la represión contra raperos, trabajadores o independentistas, porque ella se despliega contra todos los grupos que cuestionan la base del Estado capitalista: las relaciones patriarcales, el trabajo asalariado, las instituciones del Estado, la monarquía, o la unidad indivisible del Estado.
Pero en este contexto, con un evidente auge del movimiento feminista y su vertiente más liberal, el Gobierno querrá jugar sus cartas, y no querrá ignorarlo, pese a que en ocasiones, el feminismo resulte incómodo y genere contradicciones en el seno de la burguesía. En este sentido, el Poder del Estado burgués puede ser de nuevo reaccionario, y plegarse a las decisiones de sus propias instituciones, por patriarcales que sean, o bien puede mostrar su carácter oportunista aprovechando el auge feminista y conceder el indulto a Juana Rivas para “calmar las aguas” o incluso a modo de propaganda. Con esto también veremos si el feminismo burgués cala tan hondo en las instituciones o bien desvela sus limitaciones, sin ni siquiera poder conseguir victorias básicas y coyunturales como la de Juana Rivas.
Por ello, como comunistas no podemos dejar la seguridad de las mujeres en manos de la Justicia española, ni en manos del Gobierno recién estrenado que aparenta aires “progresistas”, porque la política del Estado para proteger a las mujeres vendrá determinada por la coyuntura política del momento. Es decir, en función de los beneficios políticos que ocasione la “política feminista”, se pondrá en marcha o quedará en un cajón, ya que para el poder burgués el bienestar de las mujeres será siempre una cuestión táctica para conseguir su objetivo estratégico: preservar el Estado capitalista (y patriarcal). Sin embargo, para las comunistas, la emancipación de las mujeres nada tiene de táctico, es una cuestión de principios irrenunciables. Porque las mujeres obreras son y serán siempre, motor revolucionario.
