De cómo el funcionamiento de los servicios públicos apuntala la precariedad de las mujeres trabajadoras mientras el Estado refuerza la industria de guerra.
Las mujeres trabajadoras enfrentamos la mayor embestida contra nuestra supervivencia. La privatización de la sanidad, la falta de recursos para la dependencia, la ausencia de medidas prestacionales para el cuidado de mayores y niños, la inexistencia de plazas para escuelas infantiles, la imposibilidad de acceso a la vivienda y los bajos salarios y jornadas parciales han fomentado nuestra precariedad y la dependencia económica respecto de nuestras familias y/o parejas, pero al mismo tiempo también ha reforzado la cultura reaccionaria que ensalza los valores femeninos tradicionales vinculados al rol de ama de casa y madre cuidadora. Sin embargo, la financiación pública al servicio de la guerra goza cada vez de mejor salud.
El rearme enriquece a multitud de agentes, pero la clase obrera no percibe beneficio alguno. Estados Unidos impone a España cómo gastar sus recursos públicos a través de su brazo armado, la OTAN, que obliga a sus miembros gastar el 5% del PIB en gasto militar (más del doble del 2% actual invertido por España). España acatado sus órdenes y ha triplicado su inversión en defensa desde el 2018. Mientras, el sector empresarial militar aumenta sus negocios y maximiza sus ganancias. Los gigantes españoles como Indra o Navantia (junto con Airbus) baten récords de beneficios con 28.300 millones obtenidos únicamente con contratos públicos, logrando adjudicarse un 88% del presupuesto para proyectos de Defensa en España. Por otro lado, el Gobierno español, so pretexto de la ayuda a Ucrania y la defensa de Europa destina partidas presupuestarias millonarias a gastos militares y emplea los fondos públicos en compras masivas de armas a Estados Unidos para su envío al frente ucraniano. Pero que no te engañen: estas políticas no buscan nuestra seguridad ni nuestro bienestar. Se trata de financiar la guerra frente los enemigos de la burguesía occidental, para que ésta mantenga su dominio económico y geopolítico, gracias al dinero que sale de nuestros bolsillos. A la clase obrera se le pide sacrificio, contención salarial y paciencia ante el deterioro de los servicios públicos, mientras el rearme se paga con nuestra precariedad.
La maquinaria de guerra se riega con dinero público en aras del deterioro progresivo de servicios públicos, como la sanidad. El reciente escándalo de los cribados de cáncer de mama no es fruto de negligencias ni casualidades, sino que es el resultado de cómo todas las Administraciones Públicas y Gobiernos responden a la lógica de beneficios del modelo capitalista. Es resultado de un proceso sistemático en todo el Estado, que ha aumentado un 84,6% el gasto total en hospitales privados entre 2011 y 2023. De esta forma, el Estado es también responsable de esta situación, pues aunque no tenga las competencias en Sanidad, cede la gestión y la recaudación de muchos impuestos a las Comunidades Autónomas, que deciden hacer un trasvase directo a grupos empresariales como Quirón o Ribera Salud, que reutilizan materiales sanitarios de un solo uso para ahorrar costes. Los barrios obreros de las ciudades carecen de urgencias en atención primaria, a la par que las zonas “rurales” no disponen de centros de salud ni hospitales. Faltan pediatras, especialistas ginecológicos. Además, las mujeres sufrimos retraso diagnóstico con respecto a los hombres en al menos 700 enfermedades; menos del 4% de la inversión en salud se dirige a patologías específicas de las mujeres, y la investigación no toma en cuenta que algunas enfermedades se manifiestan de forma diferente en hombres y mujeres, lo que provoca más mortalidad femenina por no recibir un diagnóstico adecuado.
Por otro lado, la deficiente financiación de medidas prestacionales para la dependencia y la infancia refuerzan las tareas vinculadas al trabajo reproductivo y de cuidados, y así se fuerza a las mujeres trabajadoras a tener empleos peor remunerados, con jornadas parciales y trabajos más inestables, lo que refuerza la dependencia económica y vulnerabilidad ante situaciones de violencia machista. Y esto tiene un claro reflejo cultural; no es casual que la figura de la “tradwife” y la idealización de la maternidad estén en auge.
Pero la dependencia de las mujeres trabajadoras también está vinculada a la imposibilidad de acceder a una vivienda. El alquiler ha subido un 94% en los últimos diez años y cada vez es más difícil independizarse sin depender de otras personas. Los propietarios se niegan a alquilar viviendas a familias con hijos, a madres solteras, exigen cada vez mayores garantías de “solvencia”, nóminas altas, incluso la vida laboral, además de avales y fianzas desorbitadas. No hay más que acudir a cualquier asamblea de vivienda para ver que la mayor parte de las personas desahuciadas son mujeres obreras con hijos. Y mientras tanto, las viviendas “de uso turístico” se multiplican en todas las ciudades y el capital inmobiliario tiene facilidades legales para comprar bloques enteros y desahuciar a todos sus moradores, además de bonificaciones fiscales “si no suben el alquiler”. Las obreras cada vez más asfixiadas, y el capitalista cada vez más libre.
A estas alturas, las mujeres obreras ya no podemos confiar el Estado garantice vivienda, sanidad, escuelas infantiles, o salarios que nos permitan vivir de forma independiente, porque los servicios públicos no son más que pasto de negocio, porque el Estado administra todos los recursos de forma sistemática al servicio de los intereses empresariales. En esta coyuntura, es labor de las mujeres trabajadoras y de las militantes comunistas, impulsar consignas propias de nuestra clase, como la férrea oposición al rearme y la gestión capitalista de todos los servicios públicos.
¡El Estado está en guerra contra las mujeres trabajadoras, actuemos en consecuencia!
