
Miles de mujeres de clase trabajadora han padecido en sus propios pechos los resultados de la depredación del sistema público de salud.
El Gobierno de Andalucía ha intentado minimizar el impacto del fallo en los cribados del cáncer de mama. Primero hablaban de tres o cuatro casos, ahora de 2317. Según AMAMA, Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, serían más de 4000 las afectadas en toda Andalucía, especialmente en Sevilla, con foco en el hospital Virgen del Rocío.
El Partido Popular Andaluz intenta justificar todo como una acumulación de errores puntuales y negligencias técnicas. Aunque, desde Iniciativa Comunista señalamos que es el desmantelamiento del servicio público de salud el responsable de las muertes y amputaciones que han sufrido miles de trabajadoras andaluzas.
Responsabilizamos directamente a los partidos políticos, gestores de los grandes capitales de la medicina privada, de esta situación. Puesto que están montando un trasvase de dinero público a dinero privado, permitiendo la depredación del sistema de público de la Seguridad Social por parte del capital financiero.
A pesar de las continuas excusas del PP andaluz, no han sido errores puntuales ni negligencias técnicas las causantes de estas muertes y amputaciones. Son el resultado del proceso de privatización que riega con dinero público a grupos empresariales como ASPE (Asociación de Empresas de Sanidad Privada) que agrupa a hospitales y clínicas que se benefician de privatizar pruebas diagnósticas, cirugías, o directamente de gestión de centros del SAS.
Ante los gravísimos hechos que saltan a la luz en Andalucía vemos como la reacción del PP de Andalucía con Moreno Bonilla a la cabeza es primero tachar a las mujeres de alarmistas y segundo negar la dimensión cuantitativa y cualitativa de las consecuencias. Negando el número y las causas de los fallos en el cribado.
Pero las consecuencias para la salud de la clase obrera de los recortes y las privatizaciones en la Sanidad Publica se dejan sentir también en Madrid. Tienen nombres y apellidos, como el de Pablo Gallart, CEO de Ribera Salud que literalmente dio instrucciones de negar la asistencia sanitaria a la clase trabajadora madrileña para aumentar las listas de espera y así los beneficios para el Grupo. También bajo su gestión del hospital público se dieron instrucciones para reutilizar hasta diez veces catéteres que están diseñados para un solo uso.
La privatización de la Sanidad pública madrileña provocó también fallos en el sistema de prevención del cáncer. Esta vez con los cribados del cáncer de colon, con unas 600 trabajadoras y trabajadores afectados. No solo eso, sino que, además, con la intención de minimizar el impacto a nivel electoral, se negaron a facilitar los datos de dichos cribados, al Ministerio de Sanidad.
Ante esta situación, la reacción de las comunidades autónomas gobernadas por el PP ha sido la de negarse a facilitar al Ministerio de Sanidad los datos de sus programas de cribado de los cánceres de mama, colon y cérvix.
Es importante señalar que hay cuatro hospitales en Madrid con el llamado modelo de gestión Alzyra, a saber: Torrejón de Ardoz gestionado por el grupo Ribera Salud, Hospital General de Villalba, Infanta Elena y Rey Juan Carlos, estos tres últimos gestionados por el grupo Quirón Salud.
¿Qué es el modelo Alzyra? Es un modelo de privatización de la sanidad que se empezó a aplicar en el hospital valenciano de Alzyra y que consiste en el pago a una empresa privada mediante el sistema de una cuantía por habitante de la región sanitaria del Hospital, más una cuantía extra por el pago de personas de fuera de la región sanitaria.
Es decir, una cantidad fija de dinero en base a la población del área hospitalaria al margen de las intervenciones médicas (menos intervenciones de personas del área se traduce en más dinero) y una cuantía extra por intervenciones a personas fuera del área sanitaria del hospital.
Pero, ¿cómo se ha utilizado la salud de las mujeres obreras para las ganancias del capital privado en Torrejón?
El hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid, dispone de un programa de parto respetado que se aleja bastante de las prácticas estandarizadas de violencia obstétrica de otros hospitales de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, una trabajadora que no quiera someterse a prácticas de violencia obstétrica y quiera tener un parto con mayores garantías hacia su cuerpo y su voluntad debe ir al Hospital de Torrejón de Ardoz. El hospital, por cada mujer que da a luz allí y es de fuera del área sanitaria obtiene una cuantía extra por parte de la Administración, generando grandes beneficios al grupo.
Debido a esto, desde el inicio del programa de parto respetado más de 20.000 madrileñas han optado por este hospital. Atendiendo entre 1500 y 2000 partos al año una cifra comparativamente mayor a grandes hospitales de la Comunidad de Madrid.