La problemática de la vivienda en Aragón

El presente artículo está escrito en base a la experiencia práctica de la lucha de varios militantes en el movimiento de vivienda en Aragón. Esto ha permitido identificar las contradicciones y limitaciones a las que se enfrenta el movimiento de la vivienda extrayendo las siguientes lecciones:

El movimiento de vivienda en Aragón se enfrenta a dos problemas principales:

Falta de vivienda pública. El parque público de vivienda en Aragón es prácticamente inexistente: 9.400 familias se encuentran en lista de espera para acceder a un alquiler social en Aragón[i] mientras más de 100.000 viviendas permanecen vacías según el último registro oficial realizado en 2011[ii].
La banca marca los ritmos de actuación a las instituciones en la elaboración y desarrollo de leyes. A PSOE, Podemos, CHA y PAR en el Gobierno de Aragón y a PP, Vox y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Zaragoza. Para entender esto y a modo de ejemplo ilustrativo es necesario analizar la relación entre Ibercaja, entidad bancaria aragonesa de gran relevancia e impacto en Aragón, y el Gobierno autonómico en los últimos años.

Ibercaja, con el objetivo de aumentar su rentabilidad y así salir a bolsa, necesita sanear sus cuentas. Por una parte, vende sus activos tóxicos (en forma de vivienda y créditos improductivos) a fondos buitre. Por otra, especula fomentando que las mismas personas que no pueden asumir el precio actual del alquiler, re-compren las viviendas a un precio menor potenciando, de nuevo, que las familias vuelvan a hipotecarse. Para facilitar la entrada a bolsa, el ejecutivo aplazó dos años (de finales del 2020 a finales del 2022) la fecha límite que obliga a las cajas a vender sus activos[iii].

Paralelamente en Aragón, la nueva ley aragonesa de vivienda que pretendía elaborarse y publicarse el pasado año (coincidiendo con la prevista salida a bolsa de Ibercaja)[iv], en estos momentos se encuentra postergada presumiblemente hasta 2022, fecha que coincidiría, de nuevo, con la atrasada pero prevista salida a bolsa de Ibercaja. Con ella se pretende ampliar el parque público de vivienda comprando, por un lado, parte de las viviendas acumuladas por entidades bancarias y obligando a las mismas, por otro, a poner el resto en régimen de alquiler «asequible», según la directora de Vivienda de Aragón.

De esta forma, podemos entender por qué Ibercaja está siendo determinante en los ritmos legislativos en Aragón, así como por qué se está retrasando el desarrollo y publicación de la ley de vivienda aragonesa. Y es que obligar ahora a la entidad bancaria que más viviendas posee en Aragón a «ceder» aquellas que tiene acumuladas y vacías supondría impedir que se deshiciera beneficiosamente de sus activos tóxicos dificultando su salida a bolsa y causándole, por tanto, grandes perjuicios económicos. Mientras esto no suceda y como vía intermedia, Gobierno de Aragón asumirá el trabajo sucio y, según el consejero de Vivienda[v], para ampliar el parque público de vivienda, adquirirá con dinero público estos activos tóxicos acumulados obligando a las familias a pagar por viviendas que ya están pagadas, pero esta vez en régimen de alquiler. Es decir, cuando el juego especulativo no funciona, son las instituciones las encargadas de sanear las cuentas de la banca vendiendo como victoria social una actuación gubernamental que favorece y antepone los intereses de la élite financiera al derecho y acceso a una vivienda digna de las clases populares.

Ante esta situación problemática el movimiento por la vivienda tomará diferentes estrategias y líneas de acción que pueden clasificarse en dos tendencias: la revolucionaria y la reformista, cuestiones que se explicarán a continuación.

Práctica reformista

El reformismo en vivienda se caracteriza por actuar mayoritariamente sobre los casos que solo necesitan de un trámite burocrático para solucionarse, esto es, sobre aquellos que cumplen los requisitos legales establecidos. Paralelamente deja fuera los supuestos que no están incluidos en la legislación como por ejemplo los que no reúnen los requisitos a criterio subjetivo de servicios sociales, finalizaciones de contrato, subidas de alquiler o aquellos en los que se renuncia a alguna condición impuesta por las instituciones (rechazar alternativa habitacional que no se ajusta a las necesidades de la familia u oponerse a vivir en un albergue). En la práctica esto supone seleccionar aquellos casos que presumiblemente pueden ganarse a costa de la exclusión necesaria de otros muchos aceptando la derrota incluso antes de empezar a lucharlo.

En este sentido el reformismo en el movimiento de vivienda, representado en los partidos PCE, IU, Podemos, PSOE, ZeC y Anticapitalistas centra su trabajo en señalar la necesidad de hacer cumplir o elaborar una ley, así como en denunciar la inacción de las instituciones sin entrar en los dos problemas fundamentales atacando, por tanto, a los síntomas (desahucios o precio de alquiler) en vez de a las causas. Se defiende que la solución para acabar con la emergencia habitacional pasa por la aplicación de una ley o la creación de otra menos restrictiva aceptando entonces las propias limitaciones legislativas que precisamente son las que, por su propia naturaleza capitalista, impiden acabar de raíz con el problema de vivienda en tanto la lucha se agota cuando se consiguen pequeños «parches» con los que no se logra ni ampliar el parque público ni acabar con la especulación bancaria. De esta forma, adoptar líneas reformistas supondrá obtener soluciones superficiales e individuales –aparentemente beneficiosas a nivel particular- ante un problema estructural y colectivo. Como podemos comprobar también en Aragón, la aplicación o elaboración de una ley no consigue ni acabar con la emergencia habitacional ni acabar con la especulación bancaria, pues no obliga a bancos e instituciones a actuar contra sus propios intereses.

El reformismo y los partidos políticos que intervienen en el movimiento de la vivienda asumen como válido el papel mediador de las instituciones aceptando y defendiendo lo que ya existe y que además se ha demostrado fallido, como ocurre con la ley de vivienda aragonesa 10/2016. Asumen al Estado como un órgano de conciliación de clase donde los intereses contrapuestos de la banca y las afectadas pueden llegar a «acuerdos beneficiosos para ambas partes». Esto puede verse en el decreto antidesahucios elaborado por el Gobierno central formado por Podemos, IU y PSOE en noviembre de 2020 por el cual, con la excusa de «paralizar» los desahucios, se establecen compensaciones económicas a grandes propietarios, entidades bancarias, fondos de inversión e inmobiliarias convirtiendo lo que aparentemente parece una medida social en un rescate bancario encubierto[i].

Bajo este prisma influido por el reformismo y los partidos políticos, los colectivos por la vivienda en Zaragoza actúan a modo de gestoría lejos de lo que realmente deberían ser: un movimiento de combate unido contra la especulación bancaria y sus consecuencias.

Práctica revolucionaria

Frente a la visión que nos quiere dar el reformismo acerca del Estado como órgano de conciliación de clase que posibilita que tanto los intereses antagónicos de la banca como los intereses de los sectores populares queden satisfechos mediante acuerdos beneficiosos para ambas partes, está la realidad de que el Estado es un órgano de dominación de clase que no solo protege los primeros, sino que además los garantiza. En vivienda existen dos posiciones irreconciliables con intereses excluyentes: derecho a una vivienda digna y derecho de propiedad de bancos, fondos buitre e inmobiliarias. De hecho, existe una contradicción entre ambas y es que cuanto más se garantiza y se blinda el derecho de la banca a la propiedad de viviendas acumuladas, más se debilita el derecho y acceso a una vivienda digna. Esto es así porque, para la banca, la vivienda es necesariamente un objeto de mercado destinado a la obtención de beneficios. Así pues, la conversión en mercancía de todos aquellos bienes y servicios a los que tiene acceso –en este caso de un bien social como es la vivienda- es la única forma de garantizar la ganancia económica que tienen las entidades financieras, siguiendo el mismo patrón que cualquier empresa capitalista en general. De esta forma, mientras para la banca la vivienda es tratada como un «activo financiero» que debe reportar beneficios económicos, para los sectores populares constituye una necesidad imprescindible para la supervivencia material y social.

En el sistema capitalista, la vivienda es un objeto de cambio más, como pudiera ser un coche o un frigorífico, de tal forma que su producción, su financiación, su venta, su acumulación y su puesta en alquiler se orienta a satisfacer los intereses del gran capital. Es más, es otro elemento más de negocio y especulación en una esfera puramente mercantil con el único objetivo de obtener rédito económico. Es por esto por lo que, paradójicamente, mientras el número de viviendas vacías aumenta, el acceso a ellas por parte de los sectores populares se vuelve cada vez más difícil o directamente imposible.

Paralelamente el Estado, lejos de proveer directamente de alternativa habitacional, permite y fomenta que solo se pueda acceder a la vivienda a través del mercado, recompensando incluso a la banca cuando, en el propio juego mercantil, sus beneficios se ven amenazados. Queda demostrado entonces que el Estado es incapaz de dar una solución que beneficie tanto a la banca como a los sectores populares debido a que la naturaleza de un bien social (orientado a cubrir una necesidad) es incompatible a la de uno mercantil (dirigido a obtener beneficio). Por tanto, no nos encontramos ante una situación de diálogo y acuerdo sino ante una de conflicto de intereses o lucha de clases que se resolverá cuando unos intereses se antepongan a los otros en función de la fuerza que tenga cada uno de ellos.

Como ya se ha mostrado, apelar a las instituciones no acabará con el problema estructural de la vivienda por lo que las soluciones pasan por buscar otras alternativas de lucha y acción que lo enfrenten de raíz. Para ello, debemos analizar y entender las herramientas de las que disponen los sectores populares, así como implementarlas en el movimiento por la vivienda.

Papel de la acción directa

Tanto entidades bancarias como instituciones parten de una posición de fuerza mayor puesto que son quienes crean y permiten que exista una estructura que garantice y proteja sus propios intereses. Ante esto el movimiento de vivienda no puede actuar ni como gestoría ni conformarse con la mera negociación. Debe ganar fuerza con acciones que señalen y actúen sobre la raíz del problema. Señalar y denunciar pública y directamente «en sus territorios» tiene doble efecto. Por un lado, como el problema se visibiliza, aumenta la participación de personas hasta ahora desmovilizadas fortaleciendo el movimiento en un proceso de «escalada» tanto en las respuestas como en los triunfos. Por otro, gracias a la combinación de herramientas colectivas se persigue obligar a la entidad o institución a adoptar una posición de rendición ante los intereses populares.

Como vivimos bajo el sistema capitalista, donde lo que prima es lo económico, la lucha debe ir enfocada a destruir dichos intereses capitalistas. De esta forma, con piquetes, incursiones, concentraciones, expropiaciones y cualquier forma de boicot (carteles, pintadas…) se consigue paralizar o alterar el normal funcionamiento de la entidad bancaria –a la que ahora se asocia mala imagen- suponiéndole pérdidas económicas (retraso en operaciones bancarias, fuga y no captación de clientes, gastos de mantenimiento, limpieza y vigilancia derivado del ataque a oficinas). En el caso de partidos políticos e instituciones, la acción directa señala, ataca y desenmascara su verdadera naturaleza como garantes de los intereses bancarios, conllevando también numerosas pérdidas en cuotas de poder (pérdida de votantes y opinión pública en contra).

A modo de ejemplo práctico, tanto el conflicto de intereses entre la entidad bancaria y la afectada como su resolución satisfactoria para tan solo una de las partes lo vemos materializado en casos de condonación de deuda, donde solamente gracias a la acción organizada se puede conseguir lo que judicialmente está ya agotado –de ahí también que el movimiento de vivienda ni es ni debe ser un grupo profesional dedicado a la gestión y a la asesoría jurídica-. En términos legales, el pago de la deuda es una obligación en firme para la afectada, por tanto, la extinción de la misma solo podrá conseguirse obligando al banco a claudicar en su cobro, es decir, a asumir importantes pérdidas económicas. Así pues, según demuestra la experiencia de lucha, la única forma efectiva de hacerlo es mediante el uso de las herramientas colectivas ya planteadas.

En definitiva, gracias la lucha organizada y a la acción directa, la relación de fuerza se inclina en favor de los sectores populares en tanto tienen la capacidad de producir daños económicos al sector financiero. Lo mismo ocurre con partidos e instituciones, pues el pueblo que supuestamente los «legitima» actúa directamente contra ellos mostrando que la institución está pensada para servir y apuntalar los intereses de la banca.

Recuperaciones de edificios

Con la recuperación de edificios se trata de romper con las dinámicas mercantilistas que giran en torno a la vivienda convirtiendo lo que para las entidades financieras son «inversiones potenciales» u objetos dirigidos a la especulación en lo que realmente deberían ser: un bien social. Del mismo modo, es una muestra real de cómo el movimiento por la vivienda lleva a la práctica su máxima reivindicación: «ni casas sin gente, ni gente sin casas». La recuperación se entiende pues como una herramienta colectiva que permite conseguir aquello que el Estado no puede alcanzar, es más, aquello a lo que ni siquiera aspira, esto es, a romper con la contradicción entre la acumulación de viviendas vacías en manos del sector financiero frente a la creciente emergencia habitacional.

El objetivo inmediato que se persigue en una primera fase es que la recuperación suponga que las familias cuenten con alternativa habitacional en vista de regularizar la situación, esto significa, tener la garantía de que no van a ser desposeídas de su vivienda. Por un lado, recuperar edificios y habitarlos implica partir con ventaja en el proceso de negociación ya que la vivienda se tiene en «posesión» y hay un colectivo que está dispuesto a defenderla, presionando y forzando a la entidad a actuar contra sus propios intereses. Paralelamente se consigue que estas acciones se extiendan gracias a hacer público la existencia de numerosos edificios en desuso señalando a bancos y fondos como «acumuladores» de vivienda destinada a la especulación. Por otro lado, se visibiliza que las instituciones, conociendo la y permitiendo la existencia de un gran parque de vivienda desocupada, así como el recrudecimiento de la emergencia habitacional, son incapaces de garantizar alternativa digna. Del mismo modo, en caso de que procedieran a desalojar las viviendas recuperadas demostrarían salvaguardar los intereses bancarios mediante la expulsión de las familias entonces arrojadas a la calle.

Una vez materializada la alternativa habitacional, el objetivo nuclear más a largo plazo es hacer propia y afianzar la idea de expropiación bancaria. Y para ello es fundamental hacerlo de forma organizada y sin quedarse en la mera ocupación creando conciencia y aumentando el nivel político de las personas afectadas para que su lucha no se agote en el mero «tener techo». Si la organización de vivienda actúa sobre la raíz del problema y coordina los actos sin verse condicionada por los plazos del desarrollo o aplicación de una ley –como por ejemplo la de expropiación-, esto es, si se adelanta y sobrepasa la legislación existente, se conseguirá presionar y forzar a las instituciones hacia la expropiación bancaria en contra de sus propios intereses. Y esto no es otra cosa que obligarlas a ampliar el parque público de vivienda a fin de cortar con las «expropiaciones» realizadas por las plataformas.

En definitiva, la recuperación colectiva de viviendas demostrará que la organización –que pasa de la resistencia a la acción planificada y estratégica- es más efectiva que la apelación a la buena fe institucional o a la ilusión en la aplicación de medidas que, en último término, seguirán perpetuando la posición privilegiada y dominante de la banca. Solo atacando frontalmente el derecho supremo de propiedad de la élite financiera se conseguirá acabar con los dos problemas fundamentales ya descritos.

Papel de la mediación y la negociación

Con la negociación no se pretende llegar a acuerdos satisfactorios desde la horizontalidad como trata de hacer ver el reformismo, pero tampoco es una claudicación ante los intereses bancarios como consideran otros sectores de izquierda. La negociación nunca puede ser entendida como fin sino como medio, siendo una herramienta por la que se hacen llegar las exigencias del movimiento por la vivienda a bancos e instituciones por ser ellos quienes generan el problema. A través de la negociación se materializa el resultado de la lucha concreta, haciendo que una de las dos partes renuncie a sus propios intereses asumiendo los de la contraria de forma «oficial». No gana quien tiene mejores argumentos sino quien tiene mayor fuerza. No obstante, los resultados satisfactorios concretos como conseguir una dación en pago o firmar un alquiler social no ponen fin al conflicto, sino que se configuran como pequeñas victorias que dan continuidad y fuerza a la lucha por acabar con los intereses de la élite financiera.

Cuándo la acción directa está bien y cuándo puede servir a intereses reformistas

Para llevar a cabo la acción directa, la organización previa es fundamental. En lo concreto tanto el reformismo como el movimiento radical por la vivienda (que va a los problemas de raíz) tienen objetivos aparentemente idénticos: evitar los desahucios. Sin embargo, hemos visto cómo el reformismo considera los desahucios como la causa central del problema de vivienda mientras que el movimiento radical de vivienda los considera consecuencias. Para comprobar si una acción, cuyo resultado será el mismo a efectos prácticos –véase paralizar un desahucio o evitar un abuso bancario-, alimenta a intereses reformistas o por el contrario los desplaza es fundamental atender a las formas en las que se consiguen dichos objetivos.

Pese a que tanto el reformismo como el movimiento radical por la vivienda pueden perseguir los mismos objetivos –evitar los desahucios, ampliar el parque público y acabar con la emergencia habitacional-, las formas para conseguirlos, así como los frutos y la continuidad de la lucha diferirán. El primero, en el mejor de los casos, cesará su acción tras la conquista parcial (y excluyente) del acceso limitado a la vivienda a cambio de asumir determinados perjuicios (restricciones temporales y materiales, condicionantes, burocracia, compensaciones bancarias) y a costa de no incidir en el núcleo del problema, mientras que el segundo actuará hasta las últimas consecuencias.

Luchar con el objetivo final de reformar legislativamente lo que trasciende de los propios límites legislativos supone admitir que la «victoria» será siempre parcial básicamente porque la acción colectiva de corte reformista, al «jugar» y emplear aquellas reglas con las que el Estado no se ve amenazado, estará atrapada por las mismas dinámicas y estructuras que, de fondo, crean el problema. Irremediablemente, el reformismo, además de ser incapaz de enfrentar y solucionar los dos problemas ya analizados, cae en la trampa de su propia contradicción, ya que si sus reivindicaciones se agotan en el marco de lo «constitucionalmente aceptable», asumirá que el conflicto entre el derecho de propiedad privada –reconocido como fundamental- y el de acceso a una vivienda digna no podrá resolverse legislativamente en su totalidad puesto que, «por ley», el primero, protegido y garantizado, se antepondrá al segundo. De esta forma, intentará buscar soluciones intermedias que, en vez de resolver el problema, lo perpetuarán. Por ello, la única forma efectiva de poner fin tanto a la emergencia habitacional como a la especulación bancaria es dirigir la lucha hacia la expropiación.

Importancia de la autoorganización de las personas afectadas

El asesoramiento colectivo, gracias a la creación de lazos de solidaridad y a la socialización de conocimientos y herramientas colectivas, permite elevar la conciencia de las personas afectadas en un proceso de auto constitución como sujetos políticos activos. Para ello es imprescindible introducir las dos problemáticas ya expuestas en la propia actuación tanto interna como externa. Así, cuando las afectadas son conscientes de que su problema no es únicamente suyo y de que la causa, común a todos los casos, es estructural, se entiende y se actúa bajo la idea de que la cuestión de la vivienda solo va a poder resolverse de manera colectiva.

Sin embargo, esto sólo no garantiza que la dirección que tome el movimiento por la vivienda sea un camino que vaya a la raíz del problema, todo dependerá de que la estrategia de acción que se tome.

Desde su articulación y de forma generalizada, el movimiento por la vivienda ha dedicado gran parte de su acción a conseguir reformas parciales, jugando al juego de la institucionalización como prácticamente única estrategia y logrando éxitos aparentes cuando no son otra cosa que la perpetuación del problema estructural de vivienda por dejarlo intacto el origen. Con la intrusión de agentes, figuras y partidos reformistas se adoptan, en consecuencia, sus propias formas de organización y acción, transmitidas en asambleas y espacios políticos como únicas opciones válidas de lucha. El movimiento se instrumentaliza y las necesidades elementales de las clases populares afectadas por la especulación se subordinan a la conveniencia electoral.

Es en este punto donde hace falta que una organización política revolucionaria se encuentre ligada al propio movimiento de vivienda. No para <<cooptarlo>> ni para secuestrarlo sino para servir de pie de apoyo de los afectados más conscientes del movimiento para su forja como cuadros de la lucha popular manteniendo una linea de acción que luche por soluciones colectivas que vayan a la raíz del problema y elevando, en consecuencia, la conciencia de las propias familias afectadas. La organización de vanguardia, inmersa en el movimiento de vivienda, asegurará que la acción no se desvía ni adopta formas reformistas, teniendo siempre presente que destruir el problema de vivienda –y por extensión el sistema capitalista- solo será posible gracias a la plena acción y organización de las masas.

De esta forma, las personas afectadas no caerán en dinámicas y prácticas reformistas, pudiendo desarrollarse como sujetos políticos hasta las últimas consecuencias, puesto que la lucha ya no irá únicamente encaminada a la satisfacción del caso individual sino a acabar, de raíz, tanto con la emergencia habitacional como con la especulación. Además, mediante la acción directa que permite señalar, denunciar e informar, la conciencia y la lucha se extiende como también lo hace la solidaridad, la participación, la organización y la movilización.

Unidad de todas las organizaciones

El avance político de los colectivos de vivienda lleva consigo la idea de unidad, sin embargo, no todo tipo de unidad es válida ni lleva al éxito de las luchas, es más, a veces puede restar fuerzas en vez de sumarlas.

Como se ha dicho anteriormente, el reformismo está inserto en el movimiento de la vivienda, esto es, militantes de organismos y partidos reformistas actúan dentro de los colectivos de vivienda influenciándolos tanto práctica como políticamente. Esto tiene tres implicaciones directas: al entender al Estado como órgano de conciliación de clase, las medidas y objetivos que adoptará el movimiento por la vivienda no tendrán como fin la solución de la problemática de la vivienda sino que únicamente ofrecerán soluciones parciales a problemas estructurales; la segunda implicación es que, siguiendo esta lógica, la única forma de garantizar la conciliación satisfactoria entre los intereses bancarios y los intereses de las personas afectadas pasará por la elaboración de una ley que regule la relación entre ambos grupos de intereses. La tercera implicación es que, como cada partido actúa en pro de sus propios intereses, surgirán «colectivos taifas» con los que cada partido tratará de captar cuotas de poder que se traducirán en escaños, concejalías o ministerios.

En este contexto la unidad que predica el reformismo es una unidad cuya finalidad puede ser doble al conformarse, por un lado, como «grupo de presión» con el que forzar a un determinado gobierno a llevar a cabo una regulación leve del mercado de la vivienda o, por otro y de hecho puede ser complementario, al impulsarse como candidatura política (no debemos olvidar que todas las «candidaturas del cambio» surgieron de esta forma). Orientando la acción hacia fines partidistas, la táctica que lleva a cabo consiste en absorber e instrumentalizar la lucha por la vivienda en el intento de paliar unos efectos que precisamente son causados por tratar de atajar de forma parcial el problema habitacional sin atacar aquello que lo causa. De esta forma, si con las medidas que se toman se permite que la emergencia habitacional siga existiendo, el reformismo siempre tendrá la oportunidad de inmiscuirse en el movimiento de vivienda con nuevas propuestas aparentemente más avanzadas pero que, de nuevo, dejan intacta la raíz del problema. Para poder llevarlo a cabo se crea la unidad por conveniencia entre colectivos afines que coinciden en lo abstracto pero que difieren en objetivos debido a que, precisamente, su participación responde a intereses particulares.

La unidad que propone el reformismo, como está condicionada por circunstancias externas y aparece cuando el foco mediático se posa sobre un ámbito en concreto de especial interés, se encuentra con verdaderas limitaciones. Tanto es así que se agota o bien cuando se han conseguido pequeñas reformas tomadas como victorias, o bien cuando el interés general se desplaza. Cuando esto ocurre, sectores reformistas irrumpen en diferentes espacios de lucha de manera cíclica adoptando posturas adaptadas, pero, en última instancia, idénticas. El aglutinamiento superficial e interesado de partidos y colectivos reformistas en coordinadoras o plataformas, o se extingue para reconvertirse en otro conglomerado con distinto nombre, o permanece inactivo a la espera de que se reaviven los intereses en el mismo o en otro ámbito.

Con la alianza «formal» se busca hacer ver que es el número de colectivos firmantes lo que da fuerza cuando, muy al contrario, lo único efectivo –y vivienda es un claro ejemplo de ello- es el trabajo continuo y de base. La diferencia es que en el primer caso la unidad se articula en torno a beneficios particulares utilizando los casos (y por consiguiente a las personas afectadas) como herramienta de campaña mientras que en el segundo se busca crear movimiento desde y hacia la implicación política de las afectadas mediante planes de actividad práctica. Así pues, se pasa a concebir el problema de vivienda desde una óptica que va a la propia raíz y que necesariamente abarca al conjunto del movimiento, identificando tanto las causas como las soluciones en términos estructurales. Las personas afectadas, al reconocer que sus problemas son iguales a los del resto de afectadas de otros colectivos, dan un paso al frente rechazando conformarse con la mera resolución de su caso individual y pasando a querer acabar con la problemática estructural. De esta forma, los análisis dentro del movimiento, aun partiendo de posiciones o planteamientos diferentes, acaban confluyendo en una línea y unos objetivos comunes. Gracias a la agrupación de todos los colectivos de vivienda en torno a unos fines concretos nace entonces la «unidad organizativa», borrando, a la vez, las diferencias de siglas y los intereses partidistas.

De esta forma y entendiendo que el problema es estructural, las organizaciones se desligan de partidos y praxis reformistas y se ven necesariamente obligadas a trabajar en conjunto por los mismos fines, pues se entenderán y se sentirán como tales. Mientras esto no suceda, la unidad que imperará será la propuesta por el reformismo mediante la creación de «sopas de siglas», «coordinadoras fantasmas» o plataformas sociales que no darán soluciones efectivas, sino que colocarán parches que perpetúen el problema de vivienda.

Conclusiones finales

La banca, en colaboración con las instituciones políticas, genera y retroalimenta la problemática de la vivienda debido a su propia esencia de obtención constante de beneficios. Vemos cómo las instituciones dan cobertura legal a las prácticas bancarias garantizando la conversión de la vivienda de bien social a bien de mercado. A la vez de esto, solo cuando existe un elevado riesgo de conflicto social se da un respiro a los sectores populares, aunque sin comprometer los amplios márgenes de beneficios de la élite financiera. Es en este momento cuando el reformismo entra en escena con su concepción del Estado como órgano de conciliación de clase, apelando a ideas abstractas como derechos humanos, sentido de la decencia o incluso echando las culpas a una mala legislación, enmascarando la realidad del propio sistema capitalista y la función que el Estado ejerce en él.

Es por ello que el movimiento de la vivienda debe entender cómo las dinámicas capitalistas son las que crean una problemática que el Estado perpetúa y avala por su verdadera naturaleza como órgano de dominación de clase. Por tanto, la solución deberá venir desde fuera del marco institucional mediante el desarrollo del mensaje, práctica y organización política que sitúe el foco del problema en su propia raíz, y haciendo visible que la solución al problema habitacional no es que no pueda resolverse dentro del marco institucional, sino que mucho menos puede resolverse dentro del modelo capitalista. Si se quiere acabar con la problemática de la vivienda necesariamente se deberá luchar por destruir el propio sistema económico y político capitalista y construir otro que verdaderamente proteja y defienda los intereses de la clase obrera y los sectores populares.