El pasado sábado 11 de febrero de 2012 se publicó la enésima reforma del ordenamiento laboral.
Sin embargo, ésta es diferente de todas las anteriores: y es que supone, sin duda, el mayor ataque contra los derechos de los trabajadores que se ha producido en el Estado español jamás. No es una reforma, no. Es una demolición. Es la voladura, la destrucción, de algunos de los pilares básicos que, desde hace tiempo, inspiran nuestro Derecho del Trabajo. Pero, ¿cuáles son estos aspectos, tan dañinos, que contiene la nueva normativa? Intentaré, de forma sintética, expresar los más importantes a continuación.
Primeramente, se crea un nuevo contrato, denominado “contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores”.Tan rimbombante nombre significa, entre otras cosas, que las empresas de menos de cincuenta trabajadores pueden celebrar contratos que tienen un período de prueba de un año en todo caso. Esto supone, en la práctica, la instauración del despido libre (es decir, sin causa) y sin indemnización en la pequeña y mediana empresa. En otras palabras: la negación de herramientas al trabajador para resistir o denunciar los abusos empresariales. “Esto es lo que hay: lo tomas o lo dejas”, será la frase que a partir de ahora oiremos más que nunca. En segundo lugar, el zarpazo patronal golpea duramente la negociación colectiva. Se establece “ex lege” la prioridad aplicativa absoluta de los convenios colectivos de empresa sobre los convenios colectivos sectoriales, o de ámbito estatal o de Comunidad Autónoma.
Esta prioridad se predica en materias tan relevantes como el salario base, los complementos salariales, el horario, el trabajo a turnos, las horas extra… Es decir, convierte en papel mojado las estipulaciones de los convenios colectivos que antes establecían unas garantías mínimas y habían sido negociados en ámbitos superiores. De igual manera, facilita enormemente el “descuelgue” de los convenios colectivos –incluido, en su caso, los de empresa- en caso de disminución de ventas o de ingresos durante dos trimestres consecutivos. Este descuelgue, claro está, supone la posibilidad de inaplicar las condiciones establecidas en convenio.
La última palabra para decidir este descuelgue se otorga a un organismo público, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, atropellando de este modo la voluntad de las partes y, en concreto, de los trabajadores. Por demás, para completar este marco desregulador, se elimina la ultra actividad de los convenios, o lo que es lo mismo: en caso de denuncia de un convenio, si en dos años no se llega a un acuerdo, tal convenio deja de existir y de ser aplicable. La patronal no tiene más que armarse de paciencia, enrocarse en sus posturas y esperar: las condiciones de trabajo se irán deteriorando por el mero paso del tiempo.
En tercer lugar, se rebaja la indemnización por despido improcedente a 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Anteriormente, recordemos, era de 45 días y hasta 42 mensualidades. Esta reforma opera, a partir de ahora, también para los contratos celebrados antes de la reforma (es parcialmente retroactiva). Sin embargo, esta rebaja, que ya de por sí resultaría escandalosa, es mucho más grave de lo que parece, por cuanto la norma permite despedir con una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y máximo de 12 mensualidades en caso de que exista una disminución de ventas o beneficios durante tres trimestres consecutivos. Un poco de maquillaje contable y ¡ya tenemos el despido con 20 días de indemnización! Esto queda reforzado, además, por el hecho de que se elimina la necesidad de autorización administrativa para proceder a un despido colectivo; y el mecanismo perverso se cierra mediante la enumeración de motivos tasados para impugnar ante el Juzgado de lo Social los efectos del despido colectivo.
En resumen: se abarata el despido para todos los trabajadores, que para muchos otros pasará a ser libre y gratuito, y se aniquila la negociación colectiva. Si bien la reforma contiene muchos otros cambios (y todos ellos a peor) estos son, a mi juicio, los más relevantes. Este es el zarpazo que la patronal, a través del Gobierno, ha propinado a la clase trabajadora. Y hoy más que nunca, la lucha es el único camino.
Por Amador Cea, militante de Iniciativa Comunista
